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Crisis energética Ante la evidencia de la culpa, no se vale eludir la responsabilidadOtto Guevara Guth Presidente Partido Movimiento Libertario Los costarricenses hemos vivido una gran crisis eléctrica, causante de apagones y racionamiento. Los costos para el país son enormes, no solo en la molestia y las pérdidas en que han incurrido los usuarios de este servicio, sino también en la confianza para atraer inversiones. Ya teníamos suficiente con la incertidumbre creada por el retraso en la aprobación del TLC para sumar ahora el desabastecimiento eléctrico. Mientras esto ocurre, las altas autoridades del Gobierno señalan que la información recibida por ellos de parte del ICE aseguraba que no habría ningún problema con el sistema eléctrico durante el 2007. Si creemos en las manifestaciones del Gobierno, los resultados indican que fueron engañados y que el problema les explotó en la cara. Para variar, los platos rotos de esta descoordinación o engaño los paga la población, y la pregunta obligada es: ¿quién manda en este país? Si el sistema eléctrico tiene un actor dominante con características monopolísticas como el ICE, dueño de más del 80% de la generación, el 100% de la transmisión, junto con la CNFL dueño de más del 80% de la distribución, encargado de la planificación eléctrica y del despacho de todas las plantas del país, es más que evidente que el responsable de los apagones y el racionamiento sufrido por los costarricenses es el ICE. Ante la evidencia de esta culpa no se vale eludir la responsabilidad y trasladarla al cambio climático, a un problema casual o a que todavía es una institución “amarrada”. Si estuviera amarrada, jamás habría sacado adelante los proyectos de Peñas Blancas y el de Cariblanco, el cual fue inaugurado precisamente hace pocos días después de un poco más de 3 años de construcción. Gran desafío. Estos síntomas son solo el reflejo de los graves problemas administrativos, gerenciales y de transparencia que afronta el ICE, y que deben ser resueltos de inmediato para que esa institución, junto con los sectores privado y público, afronten el gran desafío del sector eléctrico costarricense. En circunstancias normales y con un crecimiento del 6 % de la demanda, el sector eléctrico requiere duplicar la potencia instalada actualmente en los próximos 12 años, con una inversión anual promedio de $500 millones. Este desafío, que ya es grande, se ve acrecentado por la crisis eléctrica, y tiene corriendo a los funcionarios del Gobierno para conseguir urgentemente lo que la institución no pudo hacer de forma corriente: plantas eléctricas que logren resolver las necesidades del país. Parece que, ante el racionamiento, la solución inmediata posible es instalar más plantas térmicas cuya consecuencia, por la falta de planificación y la mala gestión institucional antes mencionada, es un incremento en la contaminación, una mayor dependencia de un recurso que no tenemos y de precios crecientes como el petróleo, y un mayor costo que será trasladado a la población nacional, reduciendo la competitividad de Costa Rica y el uso de este servicio por parte de sus habitantes. Prejuicios. Si tenemos que soportar la contradictoria decisión de instalar más plantas térmicas para paliar la crisis en un país abundante de recursos renovables, tenemos también que dar los espacios para que los sectores privados y públicos puedan participar de la solución, no solo de la crisis, sino de la oferta eléctrica en el largo plazo. El desafío es muy grande para verlo solo con la mira estrecha de los prejuicios ideológicos, que han limitado ampliamente la participación de diversos sectores en el abastecimiento eléctrico. Tan contradictorio es que se usen soluciones térmicas en un país con abundancia de recursos renovables, como lo es que se favorezca la compra de electricidad a productores panameños o de otros países en detrimento de los produc- tores nacionales, especialmente cuando la importación de esa energía es mucho más costosa que la producción local. Ya es hora de resolver tantas tonterías como el limbo en que se encuentran las concesiones de fuerza hidráulica, las limitaciones que tienen los ingenios de azúcar para que ofrezcan su producción al sistema eléctrico, y la imposibilidad que tienen productores privados cuyos contratos ya vencieron de venderle electricidad al ICE a precios que podrían ser un tercio de lo que paga por la electricidad panameña, o casi una décima parte del costo de las plantas térmicas del ICE. Es necesario fortalecer la seguridad jurídica que requiere la inversión para trabajar en este sector. Y no hablamos de ninguna ayuda espe- cial, es solo un marco claro que devuelva la confianza en esta actividad, y que le devuelva al sector eléctrico nacional la capacidad de atendernos a los costarricenses en la demanda de energía necesaria para nuestro desarrollo y bienestar. El Ejecutivo tiene la palabra.
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