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EDITORIALCirugía mayor en la CCSS La intervención del Hospital San Juan de Dios es una medida fuerte, necesaria y refrescanteUrge restaurar en la CCSS y en los hospitales los dos principios básicos de la autoridad y la responsabilidad La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social(CCSS) tomó, el jueves pasado, una decisión fuerte, necesaria y refrescante: la intervención del Hospital San Juan de Dios (HSJD). Fuerte, por la naturaleza en sí del acuerdo y por tratarse de la institución hospitalaria más antigua del país (se creó en 1848), cargada de méritos y enraizada profundamente en la memoria colectiva. La noticia es, a la vez, refrescante por su oportunidad y por el reconocimiento del principio de autoridad, tan venido a menos, y del valor ético de la responsabilidad, también de capa caída. Ya era hora. La Nación ha acumulado un sinnúmero de reportajes y editoriales de todo orden sobre la mala gestión pública, al punto que llegamos a creer que era un disco rayado en el ámbito del Estado, que se había perdido la capacidad de asombro y que la rutina había tomado posesión de las oficinas y de los espíritus. Entre estos reportajes y editoriales, el funcionamiento de los hospitales y, en general, de la CCSS ha ocupado un lugar preferente. Es decir, no había relación alguna entre la cantidad y calidad de las denuncias, bien probadas, y la reacción oficial. La decisión sobre el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) fue, recientemente, una buena señal y, ahora, la intervención de la CCSS insinúa las esperanzas de un cambio radical. Esta decisión es, obviamente, necesaria. Las denuncias sobre la deplorable gestión del HSJD habían sobrepasado por su cantidad y contenido toda medida. Más bien, como expresó, el viernes pasado, el presidente ejecutivo de la CCSS, Eduardo Doryan, “faltó la voluntad de tomar decisiones, tanto internamente para poner orden y sincronizar el hospital, como externamente para ayudar al proceso”. En otras palabras, fallaron el Estado Mayor y sus generales en el campo de batalla, lo cual quebranta uno de los principios esenciales de toda recta administración: el cumplimiento del deber, que, en nuestro país, ha hecho crisis, como lo demuestran numerosos informes. De este modo, han triunfado, en no pocas instituciones, la ilegalidad y la impunidad. Al informar sobre esta determinación en el HSJD, el viernes anterior, se destacaron los siguientes aspectos: crisis de infraestructura, cuyas víctimas han sido los pacientes, inobservancia de las recomendaciones sobre la seguridad del Hospital, crisis en el servicio de cirugías, obsolescencia de los equipos, y, sobre todo, un quebranto directo del derecho a la salud de los asegurados, palpable en muchas formas. Dicho lo anterior, cabe reparar, entonces, en una cuestión básica: el menoscabo de la seguridad social y de la gestión de los hospitales ha sido, por varios años, un mal generalizado. Es preciso, por lo tanto, hacer cirugía mayor en todo el sistema. La crisis del HSJD es un capítulo penoso en este desmejoramiento, que requiere decisiones prontas y eficaces en los hospitales y, como expresamos, en la administración central. Viene al caso recordar el escándalo de la compra de equipo a Finlandia. Eso fue posible precisamente por la acción concurrente de la corrupción política en los más altos niveles y por el tumor enquistado en la CCSS. No fue este, sin embargo, solo un programa refinado de corrupción política, sino un atentado directo y perverso contra los asegurados y el derecho sagrado a la salud. La falta de reacción oportuna y las rectificaciones menguadas, una vez comprobado el asalto, exhibieron la hondura del mal. En esta saga, los principios de autoridad y de responsabilidad, sin los cuales no hay ética que valga, quedaron hechos añicos. Urge restaurarlos de palabra y de hecho, mediante decisiones radicales que, en verdad, coloquen a la CCSS en su sitial de honor, no por la trascendencia de sus cometidos, sino, fundamentalmente, por su fiel y cabal cumplimiento. No cabe la menor duda de que esta es la tarea histórica de su actual junta directiva y del Gobierno de la República.
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