Estudiantes manifiestan en Santiago
(AFP)
|
SANTIAGO (AFP) -
Un nuevo sistema penal que rebaja de 18 a 14 años de edad la responsabilidad penal de los jóvenes comenzó a regir este viernes en Chile, con un esperado incremento en el número de imputados, que saltarán de 5.000 a casi 60.000, de acuerdo a cálculos oficiales.
La normativa debutó con el arresto por robo de tres jóvenes, de 14 y 17 años, que fueron sometidos a audiencias de control de detención, donde jueces les asignaron distintas sanciones.
El menor de 14 años -aprehendido por robar la radio de un vehículo- quedó con un régimen especial de vigilancia y obligado a asistir al colegio.
Los otros dos jóvenes de 17 años -sorprendido uno robando en una casa vacía y el otro bienes de uso público- quedaron detenidos en un centro especial administrado por el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Con el anterior sistema, el joven de 14 años no hubiera recibido ninguna sanción, al no ser considerado imputable por la justicia, mientras que los de 17 años habrían sido sometidos a un juicio de discernimiento, donde con base en informes sicológicos se determinaría si eran capaces de distinguir entre el bien y el mal.
En caso de ser declarados sin discernimiento -cosa que era lo más frecuente- eran liberados sin sanciones, por lo que era usual que menores fueran utilizados por delincuentes mayores para cometer delitos.
En cambio ahora, los menores juzgados cumplirán sus condenas en recintos especiales, cuya infraestructura sin embargo no estaría completamente lista, según reconoció el gobierno.
La nueva norma había sido pedida por la derecha, que se mostraba consternada por el aumento de delitos en la franja de edad entre los 14 y los 18 años. Algunos medios socialistas han criticado la medida, que consideran fascista.
"Tenemos muy claro que las condiciones de partida de la ley son sólo las básicas, no son ni las medias ni las óptimas. Tenemos que seguir trabajando mucho", reconoció el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente fue publicada en la gaceta oficial en diciembre de 2005 y fue aplazada por cerca de un año por insuficiente infraestructura.
Los mismos motivos amenazaron hasta último minuto su puesta en marcha este viernes, a raíz de una paralización de actividades de los funcionarios del Sename, a cargo de los centros que acogerán a jóvenes condenados.
Además de mejoras salariales, los funcionarios movilizados denunciaban que los centros para acoger a los jóvenes infractores aún no están listos.
No obstante la nueva normativa ofrece "una efectiva oportunidad de rehabilitación a través de programas educativos, de programas de rehabilitación de consumo de drogas y programas de preparación para el trabajo", según Maldonado.
El Estado chileno gastó unos 10 millones de dólares en la remodelación y rehabilitación de estos centros, que deberán albergar a unos 60.000 jóvenes imputados, un aumento significativo frente a los 5.000 que hoy cumplen condena.
El nuevo sistema introdujo además nuevas penas para los infractores además de la cárcel, entre ellas simples amonestaciones, prestación de servicios a la comunidad o un sistema de libertad vigilada en un recinto semicerrado.
En los casos más severos contempla penas de hasta 10 años de reclusión.
| 
