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Reformas contra narco Armando Mayorga amayorga@nacion.com La legislación costarricense se está quedando corta ante el narcotráfico. Desde hace varios años es evidente que decenas de pescadores sirven de “gasolineras” de los traficantes, al abastecer de combustibles en alta mar a naves cargadas de cocaína o heroína que salen desde Colombia. Pese a que son varios los pescadores “pescados” con cientos de pichingas de gasolina o diésel en sus lanchas, han quedado libres porque las cargas desproporcionadas de combustible constituyen sospecha, pero no delito, según el Código Penal. Con tal impunidad, es lógico que más hombres con muchas bocas que alimentar se vean tentados a ser cómplices del narcotráfico como “gasolineras marítimas”. El problema es que una vez metidos en la red de narco, sólo muerto se sale. Sin duda, ese “trabajo” implica otros riesgos, como las explosiones por el inadecuado almacenamiento de los combustibles. En el pasado, vimos muchas lanchas en llamas y naufragios con muertos por los que nunca nadie responderá. Esas tragedias, que dejaron a esposas e hijos en el desamparo, se dieron porque el combustible era cargado en bodegas previstas para los pescados, lo cual no solo constituía un riesgo de explosión para la tripulación, sino de contaminación para el consumidor final. Parece que, por tanto incendio y estallido en alta mar, los narcos variaron su táctica por la de contratar lanchas cargadas de pichingas, como ocurrió con dos naves sorprendidas en el golfo de Nicoya con 5.000 litros de gasolina súper... ¡Finos, los muchachos! ¡Nada de regular! Resulta ilógico que pescadores carguen gasolina súper cuando el Estado –sí, nosotros, los que pagamos impuestos– les da casi a mitad de precio la gasolina regular y el diésel para que se vayan a pescar… Aquí hay otro portillo con el cual nuestra legislación se queda corta. De seguro, hay pescadores, no tan finos como los seis del golfo, que abastecen a narcos, pero con combustible financiado por el Estado. Ante la creatividad de los narcos y la forma en que están “pescando” a nuestros pescadores, entidades de Gobierno como los ministerios de Ambiente, de Seguridad, el Incopesca y Recope, entre otras, tienen la obligación de presentar reformas de ley a los diputados. Al menos así, eliminando la impunidad actual y creando sanciones, los pescadores se cuidarán más de caer en la redes del narco.
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