Podrían extraditar a Fujimori a Perú
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SANTIAGO (AFP) -
La fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado, recomendó este jueves extraditar a Perú al ex presidente Alberto Fujimori por cargos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que consideró "demoledores".
Esta recomendación fue enviada al juez Orlando Alvarez, quien debe dictar próximamente un fallo que determine si Fujimori será extraditado o no y bajo qué cargos.
La fiscal sustentó su recomendación en al menos nueve delitos de corrupción y tres de violaciones a los derechos humanos, acogiendo así total o parcialmente la mayor parte de los 13 cargos por los cuales el gobierno peruano solicitó la extradición en 2006.
"Tomé todo el tiempo para revisar el expediente y podría decir que sí, son demoledores los antecedentes" enviados por Lima, dijo la fiscal, que señaló que espera que el juez Alvarez -quien es miembro de la Corte Suprema- acoja su recomendación.
"Uno siempre hace su trabajo pensando que el juez de la causa va a tomar en cuenta estas reflexiones jurídicas", señaló tras hacer público su informe.
En su informe la fiscal acoge la solicitud peruana por delitos de peculado o malversación de fondos públicos, incluyendo un pago irregular de 15 millones de dólares por parte de Fujimori a su ex asesor Vladimiro Montesinos. En cambio rechazó en todos los casos los cargos de asociación ilícita.
Respecto a violaciones a los derechos humanos la fiscal recomendó acoger la extradición por homicidio calificado, lesiones graves, y desaparición forzada de personas en los casos llamados Barrios Altos y La Cantuta, ocurridos a comienzos entre 1991 y 1992, con saldo total de 25 muertos.
También acogió la solicitud por la desaparición de otras tres personas.
El canciller chileno, Alejandro Foxley, señaló que "el tema de la extradición del ex presidente Fujimori está hace rato en manos del poder judicial chileno, que es un poder del Estado absolutamente independiente, autónomo y altamente profesional".
Mientras tanto su homólogo peruano, José Antonio García Belaunde, garantizó un juicio justo a Fujimori si es extraditado.
"El poder judicial peruano actúa con independencia y libertad de conciencia. El caso Fujimori es un tema judicial, lo mantendremos en ese ámbito", dijo el canciller en Lima.
El abogado que representa al Estado peruano en Chile, Alfredo Etcheverry, se declaró por su parte "satisfecho" con la resolución de la fiscal y destacó la contundencia del informe de la fiscal, "muy superior a lo que se había especulado".
Familiares de víctimas y grupos defensores de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, saludaron también la decisión.
"Esta decisión (...) orienta lo que debe ser la respuesta en conjunto del Estado chileno frente al pedido de la justicia peruana", declaró en Lima a la AFP Francisco Soberón, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos.
En Lima la legisladora Keiko Fujimori -hija del ex presidente- sostuvo en conferencia de prensa que "no hay garantías para que mi padre reciba un debido proceso en Perú".
El ex mandatario esperó la resolución en casa de un amigo y no en su apartamento, ubicado a escasos metros de la embajada de Japón, según dijo a la AFP una fuente de su entorno en Lima.
Su abogado defensor, Francisco Veloso, señaló que el ex mandatario está "muy tranquilo" y confía en la estrategia que sus abogados.
"Ya fue informado y está muy tranquilo. Está en Santiago y confía en la estrategia que hemos definido como defensa", señaló el jurista chileno.
Sobre una eventual fuga, Veloso señaló que "eso es algo que se ha dicho permanentemente. Creo que el señor Fujimori ha dado claras señales de que esto no va pasar".
La recomendación de la fiscal no es vinculante para el juez Alvarez, quien por lo tanto está en libertad de acoger o rechazar la recomendación de la fiscal al dictar próximamente su sentencia.
El fallo de Alvarez puede además ser apelado ante la Corte Suprema de Chile, cuya Segunda Sala Penal sellará finalmente la suerte del ex mandatario.
El ex mandatario, de 68 años, llegó a Chile el 6 de noviembre de 2005, procedente de Japón, y fue detenido pocas horas después.
Permaneció en una prisión por casi seis meses y ahora goza de libertad provisional, impedido de abandonar Chile y con protección policial especial.
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