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Tres detenidos por supuesto fraude con pensiones Maestros habrían pagado para completar los requisitosDocumentos falsificados se incluyeron en los expedientes Otto Vargas M. ovargas@nacion.com Un profesor pensionado, un exfuncionario del Magisterio Nacional y un abogado fueron detenidos ayer por utilizar documentos falsificados para gestionar pensiones de docentes. Como primer eslabón del caso, los agentes de la sección de Fraudes del OIJ detuvieron, en El Carmen de Goicoechea, a un exprofesor de apellido Cajina. El sospechoso tuvo a su cargo la Sociedad Anónima Administradora de Proyectos Educativos (SAPED), una empresa dedicada al trámite de pensiones. Al parecer, la sociedad utilizó documentos falsificados para completar los requisitos faltantes de educadores. Eso habría ocurrido en decenas de solicitudes. En Barva de Heredia, los investigadores arrestaron a un abogado apellidado Santamaría, socio de Cajina. También allanaron las oficinas de la sociedad ubicadas en barrio Don Bosco, San José. Otra aprehensión. Al último sospechoso, de apellido Salazar, lo detuvo el OIJ en Gravilias de Desamparados, San José. Él trabajó como asesor de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) hasta la Semana Santa pasada. Según la Policía Judicial, Salazar se encargó de los trámites dentro de esa entidad. La Junta detectó 60 casos en los que, al parecer, se utilizó documentación (entre esta, constancias de trabajo del Ministerio de Educación y la Universidad de Costa Rica) que no corresponde con la realidad de los maestros solicitantes. Mientras era llevado a un vehículo policial, Cajina dijo sentirse tranquilo. “Mis antecedentes de vida son limpios. La sociedad anónima ayudaba a los docentes, se les daba un servicio de consultoría”, explicó en forma escueta. SAPED se fundó en 1993, pero desde 1997 se dedicó a las supuestas asesorías para educadores que aspiraban a la pensión y residían en zonas rurales o lejanas de la capital. En una entrevista anterior, publicada por La Nación, Salazar negó haber recibido dinero por parte de esa sociedad. La Junta de Pensiones del Magisterio revisa 10.000 expedientes, los más antiguos datan del 2003.
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