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A 9 años de la ley de concesión

Un motor de desarrollo en otros países, aquí no logra arrancar

Randall Quirós Bustamante
Exministro de Obras Públicas y Transportes

El 22 de mayo de 1998 se publicó enLa Gaceta la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos , que pretendía rectificar, entre otros errores de la ley anterior, que se trasladara todo el riesgo financiero en el sector privado, ser muy restrictiva en la cesión de derechos y obligaciones y no ser clara en cuanto a la fijación de tarifas y ajustes. Con la nueva ley se pretendía establecer procedimientos más claros y sencillos que armonizaran con la Ley de Contratación Administrativa y la Ley de Servicios Públicos , así como dar mayor seguridad jurídica al inversionista privado. La nueva ley incorporó al ordenamiento jurídico el instituto de la concesión, que desde la época romana era muy utilizado por medio de la adjudicación por concesión administrativa de obras como puentes y vías públicas, a cambio de un tributo o tasa conocido como portorium , similar a lo que hoy llamamos peaje.

La nueva legislación supuso un giro trascendental en la concepción imperante hasta entonces sobre el papel del Estado y sus instituciones en torno a la contratación de obras públicas, al modificar las relaciones del Estado con los inversionistas, pasando de la simple contratación tradicional de encargo de construcción de la edificación o la explotación de algunos servicios públicos, a la contratación con visión integral de todo el proyecto, lo que incluye diseño, planificación, financiamiento, construcción y conservación, todo a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio. Este cambio de legislación nace precisamente como respuesta a una realidad económica imperante en aquel entonces, que persiste hoy y es que el Estado costarricense no podía ni puede construir la infraestructura requerida, en estos tiempos de globalización y competencia, sin entrar en una crisis económica debido a un exceso de endeudamiento, y sin dejar de atender la ineludible y primordial inversión en el área social (escuelas, comedores, hospitales, Ebais, etc.).

Tortuoso camino. Lo lógico por lo tanto es que la construcción de las grandes obras la financien, ejecuten y administren inversionistas privados, a cambio de recuperar los costos y obtener una utilidad razonable. Sin embargo, a casi 10 años de que Costa Rica tomó la decisión política de desarrollar infraestructura mediante la concesión, la realidad ha demostrado que ha sido un tortuoso camino, no solo para el Estado, sino para el concesionario e inversionista privado. Si bien la implementación de todo nuevo sistema supone un periodo de aprendizaje y ajuste, en Costa Rica ya esto roza en lo ridículo cuando vemos los proyectos de concesión de obra pública que han tenido que enfrentar desde múltiples acciones legales hasta críticas, algunas fundadas, pero no pocas propias del nunca ausente político de vieja data, que por razones ideológicas se opone a estos cambios porque el Estado, como buen pater familias, debe solucionarlo todo, como hacía 30 ó 40 años atrás.

Esta ley puede ser la herramienta que nos puede volver a situar a la par de países como Panamá, que logró modernizar sus aeropuertos, puertos, carreteras y hoy no solo es el distrito financiero internacional de la región sino el ejemplo de modernización por medio del instituto de la concesión de obra pública. Esto por no mirar más al sur, a Chile, o hacia el otro lado del Atlántico, a España. Por ello, es urgente que se modifique y modernice esta ley, mediante el proyecto que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa.

Abrigo la esperanza de que el próximo año, cuando se esté cumpliendo el X aniversario de la ley de concesión de obra pública, tengamos las condiciones legales y políticas para modernizar todos nuestros puertos, carreteras y aeropuertos, y no enfrentarnos a la eterna lamentación de no haber utilizado correctamente un instrumento legal, eficaz y que ha sido motor de desarrollo en otros países, menos en nuestra querida y única Costa Rica.

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