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Progreso “a la tica” El atraso en Caldera evidencia lo que detiene el avance en infraestructura básicaPaul Zúñiga-Hernández Expresidente Ejecutivo INCOP Contrastable con los halagüeños resultados arrojados después de 9 meses del inicio de las concesiones de Puerto Caldera y la implementación del proceso de modernización en INCOP, me acude un temor importante al pensar en el camino que lleva este país que, cuando no es por la desidia de sus funcionarios, es por su incompetencia, y que, cuando se encuentran funcionarios eficientes y competentes, los buenos proyectos realizados corren el riesgo de toparse con ANEP o la Sala Constitucional; peor aún, a veces con ambas. De las tres concesiones en operación en Puerto Caldera, quizás la más importante para los costarricenses, pues toca a la importación del 76% de los granos que consumimos, es el Contrato de Concesión de Obra Pública para la Construcción y Operación de una Terminal Granelera, una obra que por el aumento de los precios de los materiales de construcción, hoy supone una inversión de los concesionarios de alrededor de $60 millones y que aumentará la eficiencia en la descarga de granos en no menos de un 400%, siendo que el costo de importación se reducirá sustancialmente y, con ello, los costarricenses sentiremos, cuando menos, una reducción en la galopante escalada de precios de los alimentos. Esto, sin mencionar las fuentes de trabajo que la construcción de este muelle supone y los empleos directos e indirectos que una obra de esta envergadura crea, con independencia del lugar donde se construya, es trabajo y beneficio para los costarricenses en general. 30 años ignorados. Hacia finales del 2005 e inicios del 2006, ANEP presentó un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad, respectivamente, alegando violación al artículo 50 constitucional pues consideran que la construcción de esta nueva terminal afecta el ambiente y el ecosistema de Puerto Caldera –el mismo lugar donde ha funcionado el puerto durante 30 años–. Ambas acciones judiciales fueron dirigidas contra INCOP, la Contraloría General de la República, el MOPT, la Procuraduría General de la República, Setena, Minae y todos aquellos que tuvieran algo que ver con el proceso. El refrendo contralor fue otorgado y el proceso continuó con una salvedad: no podrá iniciarse ningún trámite referente a la construcción de la nueva terminal hasta tanto no se resuelvan ambas acciones. Fue entonces cuando observamos que los recurrentes se encuentran con un aliado, y la Sala Constitucional resuelve cuando quizás sea demasiado tarde; o bien cuando el país hubiere perdido suficiente y su progreso se hubiere detenido para que los países vecinos nos aventajen en obras y desarrollo. Año y medio de angustia. Ha pasado año y medio desde que se interpuso la primera gestión, ha pasado año y medio desde que el país ha suspendido su avance, ha pasado año y medio de angustia, ha pasado año y medio y seguimos esperando. La obra que debería construirse en 3 años a partir del 18 de octubre del 2006, no se ha iniciado y ni tan siquiera se han podido obtener los permisos respectivos de construcción, aunque están el estudio de impacto ambiental, plan de compromisos ambientales y todos los que por ley deben ser obtenidos de previo a construir esta y cualquiera otra obra. No es de extrañarse, entonces, que el día de mañana los señores concesionarios cobren al Estado demoras y vengan a revisar el equilibrio de un contrato –como sucede en el aeropuerto–, pues el plazo de su concesión se inició en agosto pasado y la obra debería estar terminada en octubre del 2009. Si empezaran hoy, ya no podrá estar terminada ni siquiera en el 2010. Hace un año que Panamá decidió ampliar el Canal, y este mismo año se inician las obras con un valor de $12.000 millones; hace 9 años se propuso modernizar Puerto Caldera, y quizás el año entrante veamos el inicio de la construcción de una obra de $60 millones. No hay duda, así es el progreso a la tica.
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