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EDITORIALLibertad y pluralismo universitario Las universidades públicas tienen el deber de promover la discusión abiertaEl pensamiento institucional único es lo contrario de la libertad académica Si en algún espacio cívico e institucional debe producirse –y fomentarse activamente– un debate libre y plural sobre los temas de interés nacional, es en las universidades, sobre todo aquellas de índole estatal que, por serlo, trabajan con fondos públicos y se deben al conjunto de los ciudadanos, con su enorme gama de matices, aspiraciones, intereses, temores y esperanzas. Se trata de un imperativo ético y académico, de una vía indispensable para llegar al conocimiento y de una forma de enaltecer el principio de autonomía consagrado constitucionalmente. Las universidades nunca deben ser instrumentos de militancia o de pensamiento institucional único en torno a los asuntos nacionales, sino focos de pluralidad, apertura y reconocimiento de las diferencias. Y, sobre todo, deben ser particularmente cuidadosas de que no se irrespete el derecho de cada universitario a expresarse libremente, sin temor y sin presiones. Todo lo anterior debe tenerse muy en cuenta de cara a la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, y al referendo sobre su ratificación. Y en esta materia, por desgracia, hay puntos que resultan inquietantes. El viernes, un grupo de estudiantes de las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA), Estatal a Distancia (UNED) e Instituto Tecnológico (ITCR), llamaron a “acabar con la parcialidad de la información producida dentro de la universidad” e instaron a los estudiantes y profesores que favorecen el TLC a manifestarse sin temores. Pareciera ocioso un llamado de esta índole, si partiéramos de que en todas esas universidades se han respetado los principios expuestos al comienzo de este editorial. Pero no siempre ha sido así, aunque existen grandes diferencias entre las cuatro instituciones. He aquí algunos hechos a tomar en cuenta: En la mayoría de las mesas redondas o conferencias organizadas por la UCR para “discutir” el Tratado, la pluralidad brilla por su ausencia, y el pensamiento único (y negativo) es la norma. Con las comisiones ad hoc que se establecen para analizar aspectos específicos del TLC, puede ocurrir algo similar: si, al escoger a sus integrantes, se desdeña la diversidad de sus criterios y se privilegia la unanimidad (de nuevo hacia el no), el resultado será totalmente predecible. Y, cuando se divulga lo que dicen esas comisiones, sin preocuparse por contrastarlo con quienes piensan distinto, se corre el riesgo de pasar la raya que conduce hacia la propaganda, algo particularmente serio en tiempos de referendo, con la prohibición de usar fondos públicos para las campañas, sea del sí o el no. Por ejemplo, después que una comisión designada por la Rectoría de la UCR emitiera un dictamen sobre presuntos roces de constitucionalidad del Tratado, la Universidad simplemente se dedicó a promover el texto, en lugar de someterlo a un vigoroso debate interno, con juristas igualmente distinguidos que quienes integraron la comisión, pero que piensan distinto. Más inquietante aún es que algunos consejos universitarios, entre cuyas funciones estatutarias no está representar el pensamiento de sus instituciones, han sido pródigos en declaraciones contra el Tratado, que luego se presentan como la “posición” oficial, y olvidaron que, en torno a temas nacionales, las posiciones únicas son lo contrario del espíritu universitario. Cuando todo lo anterior ocurre en algunas cúpulas institucionales, es lógico que los grupos más vociferantes e intransigentes se sientan “empoderados” e intenten imponer su criterio, vía agresiones verbales, disrupción de verdaderos debates o, incluso, amenazas sobre quienes osan emitir opiniones distintas de las recogidas por las comisiones ad hoc o los consejos universitarios. De la mano de todo lo anterior, hemos llegado al triste resultado de que algunas facultades universitarias, especialmente de la UCR, se han convertido en recintos vedados para la discusión libre sobre el TLC. Y a todo esto deben añadirse los sesgos deliberados de algunos de sus medios de comunicación. En tales circunstancias, el respetuoso llamado hecho por un grupo de estudiantes a todas las autoridades universitarias, para que promuevan la pluralidad, y a sus compañeros y profesores, para que pierdan el miedo a manifestar su opinión, debe ser bienvenido. Lo que se impone, ahora, son compromisos institucionales activos (no simplemente retóricos) de fidelidad hacia la esencia de la universidad como crisol de pluralidades y libertad de pensamiento, no como plataforma de militancia.
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