Evo Morales
(AFP)
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LA PAZ (AFP) -
La Justicia boliviana anunció para el martes una huelga de 24 horas en protesta por los ataques recibidos desde el Ejecutivo, en particular por el pedido del presidente Evo Morales de enjuiciar a cuatro ministros del Tribunal Constitucional.
La gremial Asociación de Magistrados de Bolivia (AMB) confirmó este lunes que la medida de protesta se cumplirá en todo el país, en medio de intensas acciones gubernamentales para desacreditar la medida y del rechazo de los empleados judiciales por sumarse a la suspensión de labores.
El presidente de la AMB, Jorge Pereira, afirmó que la medida fue adoptada por el conjunto de tribunales y cortes que administran justicia para que el presidente Morales se retracte de su decisión de entablar un juicio en el ámbito congresal a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
El jefe de Estado demandó al Parlamento la apertura de un juicio de responsabilidades en contra de los ministros, porque cesaron en sus cargos a cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, designados por decreto presidencial.
En el fallo del Tribunal se argumentó que esas nominaciones sólo tenían carácter temporal y que es el Parlamento el que debe designar a autoridades permanentes.
Según la proposición acusatoria que ya se encuentra en trámite en el Parlamento, el jefe de Estado dijo que los jueces prevaricaron en su fallo y defendió la facultad de nominar a autoridades cuando hay cargos vacantes.
El gobierno de Morales rechazó con dureza la huelga de los ministros y jueces del Poder Judicial, con el argumento de que la medida es política.
La ministra de Justicia, Célima Torrico, cuestionó el paro de labores de 24 horas y dijo que el mismo afectará "los derechos legítimos que tiene la población en general de acceder a la justicia".
"(La huelga) es un atropello a la democracia y sólo coarta el derecho de las personas", reclamó Tórrico, mientra la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, validó las denuncias del presidente Morales en sentido de que la justicia boliviana, es una de las instituciones más corruptas de este país.
Según dijo, encuestas públicas y privadas como la de Transparencia Internacional establecen que para el 83% de los bolivianos el Poder Judicial es corrupto.
El vocero del gobierno, Álex Contreras, se sumó al ataque en contra de los jueces al asegurar que la huelga es una medida que "se la respeta, pero que no se la comparte" y aseguró que se solicitará que funcionario que no asista a su fuente de trabajo el martes, deberá sufrir el descuento salarial correspondiente.
"Este es un paro político", insistió Contreras, mientras la ministra Torrico llamó a los jueces "probos" a no acatar la huelga.
El presidente de la gremial Asociación de Magistrados de La Paz, Luis Aráoz, cuestionó sobre el anunciado pedido gubernamental de sancionar económicamente a los huelguistas y aseguró que el poder Ejecutivo no tiene ninguna facultad para actuar de esa manera.
Por su parte, la sindical Asociación de Empleados Judiciales anunció que no acatará el paro de los magistrados y que la medida está orquestada por sectores políticos opositores al gobierno, según dijo la dirigente, Ana María Murillo.
El conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial ha involucrado al Legislativo que comenzó con los trámites administrativos para iniciar el juicio de responsabilidades, aunque en medio de escaramuzas verbales entre partidos del oficialismo y la oposición.
La diputada de la agrupación derechista Podemos, Lourdes Millares, anunció que demandará un juicio contra tres diputados oficialistas que la semana pasada ordenaron la detención de los ministros procesados, porque "violentaron el derecho de las personas a un juicio justo".
El diputado del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente del Comité que ordenó la aprehensión, Óscar Martínez, dijo que no temen un juicio y reinvindicó la medida asumida que luego quedó sin efecto, tras el compromiso de los magistrados de presentarse a declarar.
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