Alvaro Uribe y el ministro de defensa Juan Manuel Santos
(AFP)
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LA HAYA (AFP) -
Colombia pidió el lunes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declararse incompetente y dar por cerrado el diferendo que la enfrenta a Nicaragua por una extensión de 50.000 km2 en el Mar Caribe, al abrirse en La Haya una serie de audiencias por este caso llevado ante el máximo órgano judicial de la ONU por el gobierno de Managua.
"En 1928 se firmó un acuerdo. Ese acuerdo fue aplicado. Sólo en 1980 Nicaragua comenzó a cuestionarlo, es decir 50 años después, y ahora viene a esta Corte. ¿Para qué? Nicaragua pide a la Corte reescribir la historia", dijo el jurista británico Arthur Watts, coagente de Colombia, al referirse al eje de la disputa: el tratado Bárcenas-Esguerra suscrito por ambos países.
A través de ese acuerdo, y su protocolo adicional de 1930, Colombia obtuvo el control de una zona insular y marítima de 50.000 km2 en el Mar Caribe al este del Meridiano 82, que incluye las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño.
Según Managua, el tratado en cuestión carece de validez, ya que fue firmado cuando el país estaba bajo ocupación militar norteamericana (1927-1934). El gobierno sandinista declaró su nulidad en 1980 y Nicaragua introdujo la cuestión ante la Corte de La Haya en diciembre de 2001.
Para justificar la competencia de la CIJ, Nicaragua invoca el artículo XXXI del Tratado Interamericano para la Solución Pacífica de Conflictos, conocido como "Pacto de Bogotá", firmado en abril de 1948 y del que ambos países forman parte.
Pero este lunes, Colombia acusó a Nicaragua de querer que la Corte de La Haya "no tenga en cuenta las provisiones" de ese Pacto, según las cuales los acuerdos internacionales que se hayan suscrito antes de su fecha de entrada en vigencia no ingresan dentro en la compentencia de la CIJ.
"Nicaragua quiere que la Corte no tenga en cuenta las provisiones del tratado", dijo en ese sentido el representante de Colombia, el embajador Julio Londoño Paredes, ante el tribunal presidido por la británica Rosalyn Higgins reunido en la Gran Sala de audiencias del Palacio de la Paz.
Londoño Paredes recordó que el acuerdo entre ambos países de 1928 y su protocolo adicional "fueron registrados por Colombia en la Liga de Naciones en 1930 y por Nicaragua dos años más tarde", y que "estaban en vigencia en 1948, fecha de conclusión del Pacto de Bogotá".
Por este motivo, Londoño Paredes insistió en que el caso "está fuera de la jurisdicción" de los jueces de La Haya.
El argumento del embajador fue ratificado luego por el jurista británico Watts: "Nicaragua, al firmar el Pacto de Bogotá, pudo haber hecho una observación, ya que conocía el acuerdo y su protocolo, pero no lo hizo. Nicaragua reconoció en 1948 la validez del tratado y su protocolo", indicó.
Otro jurista del equipo colombiano, el profesor emérito de la Universidad de París II, Prosper Weil, fue más lejos aún y advirtió que al pretender la revisión del acuerdo de 1928 y el protocolo de 1930, "Nicaragua juega con fuego, porque mina sus derechos sobre parte de sus territorios".
"Lo que pide Nicaragua es retener los elementos favorables a Nicaragua del tratado de 1928-30", dijo Weil, para quien la cuestión "está resuelta y terminada", algo que pidió ratificar a la CIJ para poner punto final definitivo a la polémica.
Si bien la cuestión se encuentra en la Corte de La Haya desde hace seis años, el tono de la disputa entre los países latinoamericanos subió considerablemente en los últimos meses, en particular luego de que ambos gobiernos abriesen procesos de prospección de petróleo en la zona en disputa.
Sin embargo, fuentes de la CIJ señalaron a la AFP que la cuestión petrolera "no tendrá ninguna influencia sobre el ritmo con el que será tratado el caso", y que depende de los trabajos de los jueces, que tienen actualmente doce asuntos pendientes de resolución.
Tras la exposición de Colombia el lunes, el martes será el turno de Nicaragua, representada en las audiencias por el canciller Samuel Santos y su embajador en Holanda, Carlos Argüello.
Ambos países dispondrán de una segunda oportunidad para argumentar el miércoles y viernes, tras lo cual, los magistrados analizarán el caso y emitirán una sentencia.
La CIJ juzga los diferendos entre Estados, especialmente territoriales. Sus decisiones son definitivas y sin posibilidades de apelación, aunque no está capacitada legalmente para obligar a ningún país a ejecutarlas.
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