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Junta plantea variar repartición de las ganancias de lotería Reparte 90% de recursos entre 18 instituciones y resto entre 650 gruposInstituto Costarricense Contra el Cáncer se opone a reforma Jairo Villegas S. jvillegas@nacion.com La Junta de Protección Social de San José (JPS) pretende modificar mediante un proyecto de ley la repartición de ganancias generadas por la lotería. Según dijo Sergio Ramírez, presidente de la JPS, ahora los réditos se reparten según la legislación, lo que provoca que nuevas instituciones de bienestar social reciban pocos recursos económicos para sus programas. Ramírez apuntó que el 90% de las ganancias quedan en manos de 18 entidades, mientras que el restante 10% se distribuye entre unas 650 organizaciones sociales. “Esto es absurdo pues nos obliga a girar recursos a instituciones aunque en algún momento incumplan con la ley y no podemos fiscalizar esos recursos”, aseguró el jerarca de la Junta. Según Ramírez, es necesario que las ganancias y los premios prescritos (que los ganadores no reclaman o que no se vendieron) vayan a un fondo único y luego se repartan entre los beneficiarios. “Las leyes han puesto a los productos de la Junta a competir entre sí. Vea, si fortalecemos mucho un producto (como las raspaditas) le quitamos venta a otro y se afecta alguna institución. Lo lógico es que las ganancias entren a un fondo común y ahí repartirlo, ya sea por medio de leyes o por acuerdos de junta directiva; así no importa si un producto se vende más que otro”, agregó Ramírez. Además, la Junta tiene que pagar un impuesto del 13% sobre el plan de premios para el Instituto Costarricense Contra el Cáncer (ICCC), que para este año son casi ¢5.000 millones, lo que convierte a esta institución en la que recibe más dinero. Distribución. El 9% de lo que generan la lotería y los chances va al Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, el 2% a la Caja Costarricense de Seguro Social, 6% a entidades de bienestar social y el 83% a instituciones como hospitales, el Asilo Nacional de Insanos, Asociación Hogar Manos de Jesús, Casa Tía Tere, Cruz Roja e ICCC. Mientras tanto, los réditos de los “tiempos” se dirigen a la atención de ancianos, lo que deja las raspaditas va al ICCC, casas de bienestar social y otros programas sociales. El 95% de las ganancias de la lotería electrónica van al régimen no contributivo de pensiones de la Caja y el resto a programas sociales. Esto significa que instituciones que atiendan a niños en riesgo, personas discapacitadas o huérfanas, entre otras, dependen de los premios prescritos, que por año rondan casi los ¢3.000 millones. Por ello, Ramírez señaló que si todos los juegos se venden y los jugadores reclaman la totalidad de los premios, muchas instituciones se quedarían sin ayuda. Según las previsiones de la Junta, este año los juegos de todas las formas de lotería dejarán utilidades por unos ¢4.000 millones. Por su parte, el ICCC está opuesto a que las ganancias de la Junta vayan a un fondo común. Óscar Ferraro, director ejecutivo del ICCC, dijo que el proyecto “no tiene pies ni cabeza”. “La Junta debe dar sustento a instituciones consolidadas como la nuestra. (Si cambian) aparecerá todo el mundo que quiere hacer algo y nunca alcanzará el dinero, tiene que ser algo racional”, opinó.
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