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EDITORIALPresiones en Nicaragua Por denunciar la corrupción, un periodista es víctima del asedio oficialSu caso abre inquietudes sobre la libertad de expresión y la transparencia En otras oportunidades hemos dicho que una de las variables esenciales de la vida política nicaragüense, aquella que supera las diferencias ideológicas y acerca las conductas de supuestos antagonistas, es la corrupción. Su ejemplo más conspicuo e institucionalmente demoledor fue el pacto político-patrimonial suscrito hace años entre el hoy Presidente y entonces “férreo” opositor, Daniel Ortega, y el entonces Presidente y hoy reo sin cárcel, Arnoldo Alemán. Gracias a ese acuerdo de intereses, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) prácticamente se repartieron el control del Estado nicaragüense. Sus consecuencias resultaron funestas. Y un subproducto de ellas fue el triunfo de Ortega en las elecciones del pasado noviembre, por la división opositora que produjo la influencia de Alemán. La prensa independiente nicaragüense, así como una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil y los partidos Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el Frente de Renovación Sandinista (FRS), han sido factores de gran relevancia para denunciar esa y otras modalidades de corrupción y para tratar de ponerles coto. Algunas publicaciones o programas periodísticos han sido particularmente importantes, por abordar la tarea de fiscalización de los asuntos públicos no solo con valentía, sino también con responsabilidad y solidez. Tal es el caso de la revista dominical televisiva Esta Semana , dirigida por Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas más respetados e independientes del país, quien disfruta de una bien ganada credibilidad y, desde que se vio obligado a renunciar como director del hoy desaparecido diario sandinista Barricada, ha mantenido un claro distanciamiento de todos los sectores de poder. Su programa es el único que, en la televisión, practica el periodismo de investigación, con base en la seriedad de los hechos y la fuerza de las evidencias, no los rumores o las filtraciones sin confirmar. Por esto, cuando, el pasado domingo, Chamorro denunció y expuso pruebas sobre la extorsión y exigencia de pagos a inversionistas por parte de altos funcionarios gubernamentales y del FSLN (entre los que está involucrado el cónsul en Liberia), para resolver disputas de propiedad, se produjo una verdadera conmoción en Nicaragua. Sin embargo, la respuesta oficial, lejos de encaminarse hacia un esfuerzo para aclarar los hechos y procesar a los culpables, ha sido una arremetida contra el periodista y su trabajo profesional intachable, con los ya gastados cargos de una presunta “conspiración” en combinación con “intereses oligárquicos”. Los nicaragüenses son muy conocedores de las estrategias de quienes pretenden esconder su corrupción y no se dejarán confundir por los argumentos contra Chamorro, quien, más bien, ha sido enaltecido por la arremetida. Lo grave, sin embargo, es que el periodista ya fue citado por la Fiscalía, para ser interrogado, y que el siguiente paso podría ser un juicio a cargo de tribunales que, como resultado del funesto pacto Ortega-Alemán, están totalmente politizados. Se trata de una acción que no solo pretende castigar al periodista por su buen trabajo de denuncia. También es una forma de amedrentar al resto de los medios y periodistas independientes del país. Además, estos hechos tienen como contexto una política de comunicación que, bajo la dirección de la primera dama, Rosario Murillo, se ha basado en la centralización, el secreto, los privilegios para unos pocos periodistas y medios, la marginación de todos aquellos (la mayoría) que se niegan a seguir las pautas oficiales y los ataques verbales contra los órganos de prensa que toman sus decisiones editoriales con independencia. De este modo, estamos ante una situación triplemente preocupante: por la complicidad oficial con el delito, por el ataque contra un periodista que ha denunciado la extorsión y por el intento de usar el caso como vía para atemorizar a todos. Y, en el fondo de todo esto, resurge la variable funesta de la corrupción. Confiamos en que el caso contra Chamorro no llegue a más y que los colegas nicaragüenses, como lo han hecho en tantas otras oportunidades (bajo el régimen de los Somoza y el primero de Daniel Ortega), rechacen las presiones oficiales. Porque la prensa independiente es clave para impedir un deterioro político e institucional aún mayor en Nicaragua.
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