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Por la institucionalidad Las caídas de la democracia están primero en la mente y voluntad ciudadanasManrique Jiménez majime@racsa.co.cr Las pasiones comienzan a nublar la inteligencia, en perjuicio de la razón crítica y de los pilares fundamentales de la democracia participativa. Lo peor que puede pasar a un pueblo es renunciar previamente a la democracia como convicción ciudadana, y llegar así al totalitarismo o autoritarismo, como sucedió con la República de Weimar, antes del ascenso del nazismo, la cual ya era una democracia sin demócratas. Las caídas de la democracia están antes en la mente y voluntad ciudadanas, que han perdido su identidad y existencia en libertad individual y social. Por ello, frente a las ofensas de baja calaña, dignas de profunda psiquiatría personal, la democracia debe responder con la libertad y la seguridad de los tribunales de justicia, con las garantías del debido proceso. Ahora que estamos a las puertas de una consulta popular, puesta por primera vez en práctica, hemos de evitar las posturas dogmáticas, extremas, amenazadoras de la institucionalidad y la intromisión de emisarios extranjeros que no deben opinar y menos influenciar en la decisión soberana del cuerpo electoral. Ni el Papa ni la presidenta de Chile ni los demócratas de Estados Unidos ni su Embajador ni Fidel Castro ni Hugo Chávez ni quien pase por arcángel de la democracia han de agregar combustible a la hoguera, con su sola intromisión. El momento que vive Costa Rica es trascendental, no solo internamente, sino ante la mirada del mundo.
Derecho viviente. En más de una oportunidad me he manifestado partidario del referendo, incluso antes de su nacimiento válido y eficaz. Constituye una salida que hace gala al justo medio aristotélico, para decidir la suerte del TLC, aun con todos los desvaríos y omisiones de nuestro ordenamiento jurídico. La integración de la jurisprudencia, como fórmula permitida para integrar el Derecho público, ante la laguna jurídica, hace que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Sala Constitucional actualicen el Derecho viviente, más amplio y rico que la ley escrita. Sin embargo, ambos órganos fundamentales del Estado deben tener claro el enorme compromiso con la legalidad, la ética funcionarial, y la inquebrantable voluntad y responsabilidad de ser paladines de la democracia activa. El juramento constitucional, más que nunca, ha de estar presente en el eco de la conciencia de sus integrantes, a fin de contribuir, con justicia y sabiduría, a la paz social, claramente amenazada por los extremistas de izquierda y derecha. Estos, siempre, han sido enemigos de la democracia efectiva, por la prevalencia de la mayoría, opuesta a la tiranía y la represión. Así, pues, existe una gran diferencia entre el mando y la obediencia, como existe entre la legalidad y la legitimidad. Se puede mandar con la ley y el poder, pero no tener la obediencia aceptada y complacida del pueblo. En el Estado de derecho, tanto la legalidad y la legitimidad como el mando y la obediencia coexisten vigorosamente en los ciudadanos que aceptan complacidos la norma y la autoridad públicas. Y es aquí precisamente donde los gobernantes y autoridades deben sopesar sus decisiones e intervenciones, a fin de mantener tal equilibrio, sin lo cual la democracia se enferma y fallece. Una cosa es el poder y otra la autoridad. Sin legitimidad para la autoridad, no hay democracia real. Armónico triángulo. De tal manera que, parafraseando a un gran jurista (M. Hauriou), en la democracia debe darse la relación triangular y armónica de orden, autoridad, libertad. Y entre el orden y la libertad, está la autoridad política que debe lograr el equilibrio entre ambas fuerzas. Este mismo dimensionamiento de la efectividad política lo encontramos en el artículo 95 de la Constitución, que impone a las “autoridades gubernativas”, en sufragio, velar por las “garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad”, en lo que el constituyente insistió por los abusos y caos de la década de 1940. Espero que el TSE exija y haga posible que el orden y la libertad no se afecten por el uso indebido del poder (no así autoridad), con garantía del apuntado equilibrio que solo beneficios trae a la democracia participativa. Y que la Sala Constitucional, en el ejercicio de sus potestades maratónicas por el Derecho de la Constitución, siga siendo celosa defensora de la organización y fines de nuestro Estado de derecho, democrático y social, en su visión actualizada, que incorpora sanos y sabios instrumentos de participación ciudadana, donde la libertad no es libertinaje.
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