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EDITORIAL¿Bienes de difunto? Miles de bienes públicos sin registrar y edificios, lotes y fincas del Estado aparecen valorados en ¢1 y ¢100 en el Registro NacionalEste desorden crónico explica demasiadas situaciones anómalas en la gestión de la cosa pública Si una persona no tiene registrado lo que tiene, si ha documentado más propiedades o menos, si no sabe a ciencia cierta cuánto valen las que, a derecho, posee, obviamente no podrá ejercer control alguno sobre sus bienes reales o sobre el patrimonio familiar, y tampoco podrá llevar a cabo transacción alguna con base en ellos mientras no ponga orden en sus bienes. En consecuencia, se la tildará de desordenada o negligente, y se expone a perder su crédito o buen nombre frente a los demás. Si esto ocurre en el plano privado, es lamentable y censurable, aunque el manirroto y confuso propietario podría responder que cada cual hace de su capa un sayo, y que nadie debe entrometerse en lo suyo. Con todo, si se trata de bienes públicos, esto es, de todo el pueblo, los funcionarios encargados de estos menesteres no pueden responder de esta manera. Este desorden lanza una señal negativa sobre la administración de los recursos públicos y, peor aún, verifica lo que, por mucho tiempo, hemos venido denunciando en cuanto a la gestión pública. En buena hora, la Contraloría General de la República, en la Memoria del 2006, ha llamado la atención sobre estas fallas o graves descuidos, de las que dimos nota en nuestra edición de ayer. De acuerdo con declaraciones de la directora de Bienes Nacionales, Jeannette Solano, se ha venido trabajando, desde el 2002, en la documentación de los activos del Estado en el Sistema de Registro y Control de Bienes (Sibinet) del Ministerio de Hacienda, que no incluye los bienes de las instituciones autónomas. El primer paso ha consistido en hacer que los ministerios cumplan responsablemente. Si, al 31 de diciembre del 2007, han desatendido esta obligación, se los denunciará por incumplimiento de deberes, una figura penal que, por cierto, es preciso desempolvar o liberar de su ostracismo. ¡Cuántas desventuras morales y financieras se habrían evitado si así se hubiera procedido de manera sistemática! Lamentablemente, la impunidad ha sido, en numerosos casos, el aliciente o el techo protector de una administración pública torcida o negligente. A modo de distracción o, si se prefiere, de reflexión, enunciamos algunos aspectos sorprendentes del desorden prevaleciente, por años, en el control y orden de bienes públicos. Nuestra nota del lunes pasado comenzó así: “Fincas, lotes y edificios valorados entre ¢1 y ¢100, así como miles de bienes sin registrar, son parte del desorden existente en la administración de los bienes del Estado”. La Contraloría señaló en la citada Memoria: “Sigue siendo caótica la forma en que están registrados los bienes de la administración. No hay certeza ni de la cantidad ni del valor”. El inventario de 72 entidades de la administración central reporta 317.347 bienes valorados en ¢51. 900 millones. Estos datos no revelan, sin embargo, la situación real de los activos en cuanto a su valor y cantidad. Y ¿cómo podrán revelarla si aparecen 145 terrenos valorados en cero colones y si otros siete lotes y dos edificios “valen” ¢1, y 427 inmuebles más están tasados entre ¢1 y ¢100? Esta es solo una muestra en un mar de sorpresas. Lo comprueba el Ministerio de Hacienda al expresar, como lo informamos, que aún hay miles de bienes públicos sin registrar en el sitio oficial. Lo dicho y comentado puede figurar en la galería de “lo increíble, pero cierto”. El problema es que lo cierto no es asunto de galería, sino del Estado costarricense. Esta es una prueba más de que los bienes públicos no se diferencian mucho de los bienes de difunto y de que no es necesario buscar las causas de nuestros problemas en conspiraciones temibles internas o externas.
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