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Comienza liberación de FARC Bogotá. Reuters y AFP. Colombia empezó ayer a concentrar en una prisión a los guerrilleros de la mayor fuerza rebelde del país, un proceso de excarcelación anunciado por el gobierno como un gesto para buscar la liberación de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y otros rehenes. Los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), procedentes de 50 cárceles de diferentes regiones del país, comenzaron a ser concentrados en la prisión del municipio de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, 120 kilómetros al noreste de Bogotá. “Vamos a hacer ese gesto unilateral en busca de la liberación de los compatriotas que están hoy sometidos a la tortura de las FARC”, aseguró el presidente, Álvaro Uribe, en un acto oficial en el que comparó los campamentos rebeldes con los campos de concentración nazis. De inmediato, el gobierno no reveló el número de guerrilleros a excarcelar ni sus identidades. El gobierno insistió en que los rebeldes que sean liberados se deben comprometer a no regresar a la lucha armada, a trabajar por la paz en Colombia y a estar bajo la vigilancia de un gobierno extranjero o de la Iglesia Católica. “Haremos un nuevo gesto unilateral en las próximas horas, esperando que eso sea una contribución para que podamos ver libres del secuestro a la doctora Ingrid Betancourt, a la doctora Clara Rojas, a Emmanuel su hijo, a todos los integrantes de la fuerza pública, a los congresistas, diputados y a los tres norteamericanos”, afirmó Uribe. Sin embargo, las FARC no se han pronunciado sobre la decisión de Uribe de excarcelar a varios de sus combatientes, como un mecanismo para que la guerrilla deje en libertad a los rehenes que mantiene secuestrados, algunos próximos a cumplir 10 años cautivos. Además de Betancourt, entre los rehenes en poder de la guerrilla figuran tres estadounidenses, 12 exdiputados regionales, cinco excongresistas, un exgobernador y miembros del Ejército y la Policía. Las FARC insisten en intercambiar a 60 rehenes por miles de sus guerrilleros encarcelados en las prisiones estatales y exige que el gobierno retire sus fuerzas armadas de una zona de 780 kilómetros cuadrados para que sus delegados se reúnan con los de Uribe a negociar un acuerdo humanitario. Uribe, quien impulsa una agresiva campaña militar contra las FARC, se niega a retirar el ejército y la policía, aduciendo que la guerrilla busca reorganizar varios de sus frentes golpeados por las operaciones del ejército. Dentro de la coalición gobernante, la decisión de excarcelar guerrilleros generó críticas. Germán Vargas, jefe del oficialista Cambio Radical, dijo que al no contemplar ninguna exigencia a la guerrilla como contrapartida, esta decisión podría “afectar la moral de la Fuerza Pública”.
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