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EDITORIALMemoria e información La Memoria Anual de la Contraloría no se elabora ni se publica para enriquecer los anaqueles de la Asamblea Legislativa o del GobiernoEste valioso esfuerzo intelectual y cosecha de experiencia deben servir para rectificar y reformar las instituciones públicas La Contraloría General de la República presentó, en este mes, la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico del 2006, tal como lo establece el artículo 184 de la Constitución Política. Por ser la entidad contralora un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, la Memoria adquiere una relevancia particular, dada la naturaleza de los temas tratados y su proyección en los años venideros. La presentación de la Memoria anticipa conceptualmente la obligación de acometer su estudio y de realizar un debate amplio y objetivo sobre sus planteamientos. Nos referimos al dinamismo y versatilidad aplicados a su organización interna, manifiestos en la presencia de la opinión institucional en la labor legislativa, un mayor acercamiento a los jerarcas de las instituciones públicas, en orden a la fiscalización preventiva, y un esfuerzo particular en el suministro de información a los ciudadanos. Desde este punto de vista, La Nación le ha dado destacada beligerancia informativa a la Contraloría, convencida del papel singular que tiene no solo en la vigilancia de las instituciones públicas, sino en la convalecencia y salud del Estado, tan venido a menos en sus funciones esenciales. La Memoria es, básicamente, un factor de información y de formación, condiciones para un ejercicio más depurado del control ciudadano. Si la información “clara, confiable, oportuna y entendible”, como se expresa en la introducción, contribuye a formar al ciudadano y a los funcionarios, este segundo aspecto formativo se afianza, en este documento, con un capítulo dedicado a cuatro temas importantes: la gestión de los gobiernos locales y las acciones necesarias para su fortalecimiento, el afianzamiento del marco institucional de la Contraloría de cara a la fiscalización y al control superiores de la Hacienda Pública, reflexiones sobre la organización del Estado costarricense y el desarrollo de su capacidad institucional, así como sobre el refrendo de contratos de la administración pública. Este capítulo representa un valioso aporte teórico-práctico que merece la atención esmerada de la Asamblea Legislativa. Si, en años anteriores, criticamos la ausencia de un debate serio en el Congreso y hasta de un estudio reposado en el seno del Gobierno, el conocimiento de la Memoria del 2006 enfatiza, por las razones dichas, esta omisión. La memoria de cualquier institución, y más aún del linaje de la Contraloría, es documentación y acta notarial de lo pasado, pero, sobre todo, fuente de conocimientos sobre el funcionamiento del Estado y oportunidad magnífica para debatir, analizar y rectificar. Tan rico bagaje no se puede desaprovechar. No pareciera razonable suponer que la Asamblea Legislativa y el Gobierno introduzcan las reformas pertinentes o eficaces en la esfera del Estado, en las materias propias de la vigilancia de la Contraloría General de la República, si no están antecedidas de un estudio esclarecedor de las experiencias y conclusiones de las instituciones más experimentadas y de mayor solera. El desaprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia ajena explica claramente muchos malos pasos y errores cometidos en los procesos de reforma del Estado, así como en la elaboración y aprobación de proyectos en la Asamblea Legislativa. La curul no transmite per se el saber ni el conocimiento de las prácticas más apropiadas para resolver adecuadamente los problemas del país en una realidad nacional y un mundo cada vez más complejos.
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