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Obras públicasBrasil adopta rigurosa política contra corrupción Brasilia. AFP. El Ministerio de Justicia brasileño anunció ayer rigurosas medidas para evitar la corrupción en compras públicas y licitaciones de obras, que cuestan a las arcas públicas hasta $20.000 millones por año con la formación de carteles y sobreprecios. Las medidas, de la Secretaría de Derecho Económico (SDE) del Ministerio de Justicia, tienen como prioridad combatir la formación de carteles, que según ese organismo afecta a un tercio de las obras y compras públicas. El plan coincide con un escándalo por fraudes en obras públicas que hace una semana le costó el cargo al ministro de Energía, Silas Rondeau, y que tiene como foco una constructora con millonarios contratos con el gobierno central, estados y municipios. “La administración pública brasileña gasta cerca de 300.000 millones de reales por año (unos $150.000 millones) en compras y obras” y “aproximadamente un tercio de las compras públicas puede ser objeto de carteles” entre las empresas que participan de las licitaciones, reveló la SDE en un comunicado. “El daño estimado a las arcas públicas por ese delito puede variar entre 25.000 y 40.000 millones de reales (unos $20.000 millones) por año, teniendo en cuenta que los carteles generan un sobreprecio medio del 25% al 40% en los valores de las compras y obras públicas licitadas, indica el documento. El valor de esos fraudes supera el presupuesto anual del Ministerio de Salud brasileño, y son iguales a cuatro años del principal programa social del gobierno de izquierda del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, el Beca Familia, según cálculos del diario O Globo . Para evitar esos fraudes, el gobierno anunció que será “intensificado el combate a los carteles en licitaciones” de todas las administraciones: del gobierno central, estados y municipios. “Empresas condenadas por carteles pueden recibir multas de hasta un 30% de su facturación, además de la prohibición de participar en otras licitaciones y retirada de permisos. Los directivos de las empresas también pueden ser condenados a pagar hasta un 30% de la multa de su compañía”, indicó la SDE, que creó una Coordinación General para fiscalizar las faltas.
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