Agentes de la Policía Nacional Civil salvadoreña
(AFP)
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SAN SALVADOR (AFP) -
La detención de un sargento de la Policía Nacional Civil (PNC), acusado de comandar un grupo de sicarios, preocupa a autoridades, organismos humanitarios y políticos, que piden una depuración en la corporación, sucesora desde 1993 de tres cuerpos de seguridad proscritos.
"Las denuncias de sicarios dentro de la PNC no son nuevas, por eso estamos preocupados y demandamos terminar con la impunidad en el corto plazo y luego seguir con una efectiva depuración", declaró a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro.
La alerta sobre la conducta criminal de algunos policías surgió luego de la detención el sábado del sargento Nelson Antonio Arriaza, de la unidad de investigaciones (UDIN) de la PNC en San Miguel, 138 km al este de San Salvador.
Junto al sargento Arriaza fueron detenidos el ex policía Carlos Geovanny Chévez y Roberto Rolando Martínez, todos acusados de extorsiones y de haber asesinado el sábado a un hombre en el poblado de Nueva Esparta, en el oriental departamento de La Unión.
Arriaza era uno de los tres encargados de la UDIN para aclarar crímenes, por lo que el delegado de la Inspectoría de la PNC, Dorian Langlois, cree que "es posible que hayan inventado pruebas para condenar personas inocentes".
"Hay que investigar los hechos acaecidos el fin de semana, pero por los antecedentes que tienen estas personas (...) es muy probable que ellos (los detenidos) sean los responsables de la muerte de la persona que fue asesinada en el departamento de La Unión", declaró por su parte el director de la PNC, Rodrigo Avila.
Por su lado, el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso, Carlos Castaneda, comentó que el caso de los sicarios infiltrados en la Policía demanda "una minuciosa investigación".
"Más allá del juicio a quienes tienen las manos manchadas de sangre, se debe agilizar la depuración del cuerpo con expertos creíbles", subrayó Castaneda, diputado por la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN,izquierda).
Para la CDHES, una depuración "efectiva" de la corporación debe ser ejecutada "por un grupo de profesionales que no estén contaminados con el cuerpo policial" y bajo la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el respaldo de expertos extranjeros.
Tras el fin de la sangrienta guerra civil de doce años (en 1992) con la firma de acuerdos de paz gobierno-guerrilla, la PNC -adiestrada por España y Francia- comenzó a operar en marzo de 1993 para sustituir a tres cuerpos de seguridad que fueron disueltos por graves violaciones a los derechos humanos.
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