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El traspié de la UCR Armando González agonzalez@nacion.com El fallo de la Sala IV sobre la constitucionalidad del TLC desacredita a la Universidad de Costa Rica. Los magistrados rechazaron todos los argumentos incluidos por la casa de estudios en su lujoso folleto sobre supuestos roces del TLC con la Constitución Política, pero el descrédito no está en el error de las tesis, sino en el dogmatismo con que la Universidad intentó imponerlas. El folleto, editado con dinero público, solo recoge tesis de opositores al TLC, que a la postre resultaron erradas. En los círculos académicos abundan los defensores del Tratado, pero a ninguno de ellos se le invitó a participar. Ahora sabemos que sus tesis son las correctas, al menos desde el punto de vista de la Sala IV, pero nadie supo de ellas por boca de la Universidad. Al silenciar las tesis favorables a la constitucionalidad del Tratado, y a la postre correctas, lo que pudo ser un sano contraste de argumentos jurídicos divergentes se convirtió en un panfleto político editado con dinero del público. Insistan las autoridades universitarias en que los magistrados se equivocan, pero admitan, al menos, que las tesis opuestas tenían mérito suficiente para figurar en un folleto. Eso debería estar fuera de toda duda ahora que la Sala dio la razón a los defensores de la constitucionalidad del Tratado. Para encuadrar su conducta en el espíritu académico, que todo lo cuestiona y todo lo indaga, la Universidad no debió faltar a su deber de incluir los dos puntos de vista. Sin embargo, hace rato que allí los valores de la academia cedieron terreno a la calentura de la militancia. La crítica no calza a toda la comunidad universitaria, entre cuyos miembros abundan los fieles a los valores de la academia, pero sí a las autoridades capaces de tomar decisiones tan desafortunadas. La Universidad no es un partido político y, si la ley le concede autonomía, es para que en ella se discuta, con absoluta libertad, la más variada gama de ideas. Ese pluralismo está en la base del quehacer académico y su promoción debería figurar entre las más altas prioridades del gobierno interno. La UCR está a tiempo de enmendar el error. Podría publicar, por ejemplo, un folleto equivalente con el texto de la sentencia, incluyendo los votos disi- disidentes. Es solo un deseo y vale la pena expresarlo, aunque no haya esperanza de verlo cumplido.
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