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No nos equivoquemos de nuevo La Universidad debe estar por encima de ideologías y de suposiciones temerariasJuan E. Muñoz Giró Profesor de Economía Con la resolución de la Sala de Jurisprudencia Constitucional sobre la constitucionalidad del TLC ha concluido una etapa más dentro del proceso institucional de análisis y valoración del tratado. A lo largo de los últimos años hemos sido testigos de las diferentes acciones para impulsar o detener el proceso de aprobación del TLC. Hemos sido testigos también de pasiones y razones, algunas bien sustentadas, otras sin sentido común. Llama la atención, sin embargo, la ausencia del análisis sustantivo del tratado: sus consecuencias económicas, tanto si se aprobara como si se rechazara. En línea con las manifestaciones del licenciado Fabián Volio, connotado abogado constitucionalista, la convocatoria al referendo activó la participación de las más importantes instituciones de Costa Rica. La Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones han participado, todos ellos, en preparar el camino para la consulta ciudadana. Dentro de este marco de participación, y como expresa su emblema,Lucem Aspicio, lo menos que podríamos haber esperado de la Universidad de Costa Rica (UCR) era el análisis crítico, ponderado, ausente de criterios ideológicos, sobre la viabilidad constitucional del proyecto. Sin embargo, la esencia de la Universidad fue secuestrada por la imposición del pensamiento único. Debate sustantivo. Sobre la resolución de la Sala Constitucional, la Rectoría de la UCR envió un comunicado, el 4 de julio, respetuoso del fallo pero incapaz de reconocer la solidez del veredicto de los magistrados. En respuesta a esta comunicación y a título personal, manifesté, por la misma vía del correo electrónico, mi desacuerdo por los términos en los que la Rectora y el Consejo Universitario han tomado cartas en este asunto, desde el punto de vista jurídico. Procedo de esta forma porque estoy convencido de que la Universidad, mater et magistra , está en clara posición para aportar un debate verdaderamente sustantivo en el fondo y no en la apariencia y en la forma. Lamentablemente, ni la Rectora ni el Consejo Universitario valoraron las opiniones de los abogados constitucionalistas que avalan el contenido del texto. La Universidad está llamada para formar opinión, no para adoctrinar. Necesariamente, la Universidad debe estar por encima de ideologías y muy por encima de suposiciones temerarias. Lamentablemente, no se fijaron las autoridades de la UCR en que las cláusulas jurídicas de este tratado son las mismas contenidas en otros tratados ya firmados y en vigencia, y avalados por la Sala de Jurisprudencia Constitucional. No valoraron la Rectora y el Consejo Universitario que la técnica comercial difiere en términos de la técnica constitucionalista, sin que por ello la primera suplante a la segunda. No valoraron tampoco que los profesionales en Derecho que redactaron el criterio de la UCR no son especialistas en materia constitucional. Confianza en juego. No omito manifestar que me duele hasta lo más profundo cómo se pone en juego la confianza de la sociedad en la alma máter, cuando se procede con criterios de ponderación claramente sesgada, y cómo se utilizan los exiguos recursos de la Universidad en promover una causa sustentada sobre bases falsas. Que esta resolución de la Sala de Jurisprudencia Constitucional sea una enseñanza que nos lleve a ser más ponderados, críticos y analíticos en nuestros juicios. Solo en el ámbito de la sana y equilibrada discusión podemos formar la mejor opinión. Y, en este sentido, debemos tener mucho cuidado de no incurrir en sofismas como los que hemos presenciado a la luz del fallo: destacar el criterio de dos magistrados, para avalar la posición de la Rectora y del Consejo Universitario, y dejar de lado lo esencial: que cinco magistrados dicen todo lo contrario. Espero que la Rectora y el Consejo Universitario procedan ahora a analizar el efecto económico del tratado. Es lo sustantivo. Y para ello espero que convoquen a la Escuela de Economía y al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas para que brinden su criterio. Por favor, sean ponderados y objetivos, no escojan a dedo quiénes pueden brindar esta opinión. No cometan el error de nuevo. Costa Rica se lo agradecería.
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