Presidente colombiano Alvaro Uribe
(AFP)
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BOGOTA (AFP) -
El gobierno colombiano divulgó este viernes un anteproyecto de ley para que los crímenes cometidos por paramilitares sean considerados delitos políticos, salvo los de lesa humanidad.
La propuesta divulgada en la página web de la Presidencia de la República busca superar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el cargo de sedición (delito político) para los paramilitares que entregaron las armas, y que produjo un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Con este proyecto el gobierno busca que los crímenes de grupos paramilitares de extrema derecha, al igual que los de guerrillas izquierdistas que se desmovilicen, sean considerados de carácter político.
El presidente Alvaro Uribe dijo que los beneficios obtenidos por los grupos armados ilegales que entreguen las armas no se aplican a las conductas constitutivas de genocidio, terrorismo, secuestro o extorsión en cualquiera de sus modalidades.
Tampoco al desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión, tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y aquellos que puedan significar violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de lesa humanidad.
Según el proyecto de ley, los delitos políticos tendrían penas de prisión de entre seis y nueve años como máximo.
El fallo de la Corte llevó a que los encarcelados líderes de las paramilitares Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) suspendieran desde el miércoles sus comparecencias ante la justicia, con lo cual queda en el limbo la negociación que iniciaron en 2003.
En el desarrollo de esa negociación, al menos medio centenar de líderes paramilitares se comprometieron a someterse a una ley especial que los beneficia con penas máximas de ocho años de cárcel si confiesan los delitos cometidos, incluso los de lesa humanidad.
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