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Sala de Redacción Proceso de paz con paramilitares tambalea en Colombia Por Darcy Crowe Bogotá (AP). El frágil acuerdo de paz con los grupos paramilitares se sumergió el miércoles en su mayor crisis luego de que un portavoz de esas milicias de extrema derecha acusó al gobierno de dejar tirado en el camino este proceso. Ernesto Báez, uno de los ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el principal portavoz de esa confederación paramilitar, explicó así la decisión de los cabecillas paramilitares de congelar su colaboración con la justicia, una de las condiciones del proceso. Estamos lanzando una protesta pacífica... es un acto de desesperación, de angustia, de incertidumbre, dijo Báez en una entrevista radial. El gobierno no está respetando las reglas del juego que pactamos, añadió. El acuerdo, que supuso la desmovilización de unos 31.000 combatientes y redujo drásticamente los índices de violencia en Colombia, se encuentra ahora al borde del precipicio, advirtió Alfredo Rangel, director de la fundación Seguridad y Democracia. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detonó la crisis al determinar que todos los paramilitares desmovilizados pueden ser procesados por el delito de concierto para delinquir agravado. El fallo descarta que la militancia en las AUC tuviera razones políticas y por ende su objetivo principal era delictivo. Báez dijo que esto despoja a los combatientes de la amnistía que obtuvieron del acuerdo de paz del 2003, que estipuló que solo los combatientes y cabecillas acusados de crímenes de lesa humanidad (unos 2.900) servirían penas de cárcel. Como parte del acuerdo de paz, los cabecillas paramilitares se comprometieron a confesar sus crímenes, indemnizar a sus víctimas y dejar de delinquir. A cambio el gobierno les ofreció penas máximas de ocho años de cárcel y suspender los trámites para extraditarlos a Estados Unidos, donde enfrentan cargos de narcotráfico. La decisión que tomaron los paramilitares abre la posibilidad de que pierdan estos beneficios. Decenas de organizaciones de víctimas han denunciado que los ex comandantes de las AUC nunca cumplieron lo pactado, pues sus confesiones han sido exiguas y esconden a través de testaferros sus enormes fortunas fruto del narcotráfico y del despojo de millones de hectáreas a campesinos. Iván Cepeda, director de una organización que representa a las víctimas, dijo que la decisión de la Corte puede suponer una corrección para el proceso, que le ha permitido a los ex comandantes mantener un inmenso poder y copar las estructuras del Estado en varias regiones del país. Cepeda denunció que en el fondo para reparación de las víctimas, al que los paramilitares deben entregar sus fortunas malhabidas, cuenta con menos de 40.000 dólares y unas 5.000 hectáreas. Otras organizaciones advierten que varias estructuras paramilitares siguen intactas y la fundación Ideas para la Paz (Indepaz) asegura que al menos unos 9.000 paramilitares siguen activos. Varios ex combatientes ahora se postulan a cargos de elección popular en regiones que antes estuvieron bajo el control de las AUC, algo que no prohibe la justicia, lo cual despierta recelos entre las víctimas. Para Cepeda, el fallo puede servir para comenzar un proceso de corrección de esos errores en el acuerdo de paz. Aun así, Sergio Caramagna, jefe de la misión observadora de la Organización de Estados Americanos, declaró durante una conferencia sobre el acuerdo de paz que las víctimas van a sufrir un problema serio. Vamos a detener el conocimiento progresivo de la verdad, aunque sea a cuentagotas. El presidente Alvaro Uribe reiteró que no está de acuerdo con la Corte por negarle al paramilitarismo el delito de sedición, que protegería a los desmovilizados de ir a prisión al considerar que sus crímenes tuvieron motivos políticos.
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