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Investigación Procuraduría pidió embargar cuentas bancarias de Fundación Ernesto Rivera erivera@nacion.com La Contraloría General de la República reclama a la Fundación Consejo de la Tierra (FCT), desde el 2002, más de ¢1.000 millones por desviar el destino de una finca donada por el Estado. El Consejo de la Tierra vendió 7,7 hectáreas recibidas en donación para construir su sede. En 1995, la Municipalidad de Santa Ana y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) le donaron los terrenos para que construyera su sede. En lugar de construir, el Consejo traspasó la tierra a una sociedad bajo su control y luego vendió la propiedad a una empresa privada en más de $1,5 millones. Por ello, en noviembre del 2002, la Contraloría declaró a la Fundación responsable civil de desviar el destino legal del inmueble que el Estado le donó. Como consecuencia del dictamen del ente contralor, la Procuraduría General de la República (PGR), actuando como abogado del Estado, entabló un juicio civil contra la FCT para compensar a la hacienda pública por la pérdida ocasionada. En este juicio civil, se le reclama a la Fundación que pague ¢687 millones (correspondientes al valor de las fincas donadas por la CNFL y la Municipalidad de Santa Ana), más el 50 por ciento como garantía para cubrir los gastos del juicio y los intereses; es decir, un total de ¢1.030 millones. El terreno vendido por el Consejo (8,9 hectáreas) también incluía 1,1 hectáreas donadas por la empresa privada Hacienda Lindora S. A. Cesaron labor tras embargo. Para garantizar el cobro del Estado en caso de que la FCT resulte condenada, la Procuraduría pidió al Juzgado Civil de Hacienda, el 12 de noviembre del 2003, que decretara un embargo judicial sobre las cuentas bancarias de la Fundación. Una semana más tarde, el 19 de noviembre del 2003, la FCT cerró sus oficinas en Costa Rica. El embargo gestionado por la Procuraduría no se concretó debido a que los abogados de la FCT entablaron, a su vez, un juicio para que la Contraloría desistiera de su intención de resarcir al Estado. Los juicios se tramitan actualmente en el Juzgado Contencioso de Hacienda. Una investigación de La Nación reveló ayer que además de las tierras estatales, la FCT recibió también dinero del Presupuesto Nacional por más ¢177 millones ($1,3 millones a valor presente). Los fondos se giraron entre 1993 y el 2002, durante las administraciones Calderón Fournier (1990-1994), Figueres Olsen (1994-1998) y Rodríguez Echeverría (1998-2002). El uso que la FCT dio a estos fondos no fue fiscalizado por ninguna entidad del Estado. Desvió destino legal. La Contraloría concluyó que al traspasar los terrenos a una sociedad anónima bajo su control y luego vender las tierras, la FCT desvío el destino legal de la donación recibida y por ello debe resarcir al Estado. Según el análisis de la CGR, la ley 7561 autorizó a la CNFL y a la Municipalidad de Santa Ana a donar parte de sus terrenos con el objeto específico de construir una sede para el Consejo de la Tierra y no para venderlos. La Ley Orgánica de la Contraloría indica que las personas o empresas que reciben activos o fondos del Estado y los usan para fines distintos a los asignados, quedan obligados a restituir el valor del beneficio desviado, más los daños y perjuicios respectivos.
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