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Europa En primera sesión, Polonia anunció que podría rechazar el lazo jurídico del texto Bruselas. AFP. Los cancilleres de los 27 países de la Unión Europea lanzaron ayer en Bruselas la Conferencia Intergubernamental (CIG) encargada de redactar el tratado que reemplazará la Constitución Europea, con una nueva amenaza de Polonia para reducir el alcance del texto. La apertura de la CIG estuvo a cargo de la presidencia portuguesa de la UE, que entregó a sus socios un primer proyecto del tratado, compuesto por unas 275 páginas (con anexos y protocolos adicionales) y basado en el laborioso acuerdo alcanzado en la cumbre europea de junio pasado. Si bien no se aguardaban discusiones sobre el texto en esta corta sesión, la ministra polaca de Relaciones Exteriores, Anna Fotyga, anunció que su país analizaba la posibilidad de no aceptar como jurídicamente vinculante la Carta de Derechos Fundamentales, considerada uno de los grandes avances del tratado para reemplazar la Constitución rechazada por franceses y holandeses en el 2005. “Los polacos están tentados de unirse a los británicos en su decisión de no adoptar la Carta”, dijo el diputado británico Andrew Duff, uno de los tres expertos de la Eurocámara que participan en la CIG. Única delegación en intervenir durante la apertura de la conferencia, Polonia podría abrir paso con su idea a que otros países opten por la misma alternativa brindada a Gran Bretaña. “Si la infección se expande significará el final de la Carta”, dijo Andrew Duff. En efecto, el nuevo tratado retoma la “sustancia” de la Constitución aunque incluye concesiones para los euroescépticos, como Polonia (sistema de votos), el Reino Unido (derogación para aplicar la Carta de Derechos Fundamentales y participar en cooperación penal), República Checa y Holanda (supresión de símbolos de la UE y más participación de los Parlamentos nacionales). Una vez que sea suscrito por los 27 países miembros, probablemente a fines de año, el tratado deberá ser ratificado por todos los Estados integrantes para poder entrar en vigor antes de las elecciones al Parlamento Europeo en junio del 2009.
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