Manifestación contra la violencia en Cali
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BOGOTA (AFP) -
Víctimas de guerrilleros y paramilitares llegaron este martes a la sede del Congreso en Bogotá, mientras avanzan dos marchas -una de indígenas y otra del padre de un secuestrado por las FARC- que reflejan el hartazgo de los colombianos con una violencia que parece eterna.
Un total de 48 víctimas fueron invitados a exponer sus testimonios durante ocho horas continuas en una sesión especial citada por los legisladores a petición de la fundación "Víctimas Visibles", en una jornada que concluirá poco antes de la medianoche.
Lisina Collazos, una indígena Páez, dijo que decidió aceptar la convocatoria como una forma de expresar el dolor que guarda desde el 11 de abril de 2001 cuando un escuadrón paramilitar de ultraderecha ingresó al caserío de Alto Naya y mató a 40 aborígenes, entre ellos a su esposo.
"Fue una pesadilla, nos sometieron a un terror que todavía continúa", dice Collazos mientras blande en su mano el bastón de mando de colores que representa la voluntad pacifista de los paeces.
La abuela Pastora Mira también acudió a la citación en el Congreso para exponer el drama que vive tras la desaparición de su hija Sandra a manos de también de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Desde hace un año la mujer ha acudido a todas las excavaciones de fosas comunes que se han hecho en el departamento de Antioquia (noroeste), tras las confesiones de paramilitares desmovilizados, con la esperanza de encontrar los restos de su hija.
Pastora dice que lo hace por cumplirle un deseo a su nieta de seis años que le reclama poder tener una tumba para su madre donde llevarle flores. "Ella quiere tener una lápida donde ir a llorar", explica ante periodistas.
"Yo sé lo que ella sufre, porque cuando yo tenía también cinco años vi asesinar a mi padre delante de mis hermanos y mi madre", agrega con amargura.
La lista de víctimas invitadas a exponer sus casos ante el Congreso incluye además a familiares de los políticos secuestrados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de rebeldes de esos grupos asesinados en combate por militares.
A la sesión en el Congreso también envió un mensaje el maestro de escuela Gustavo Moncayo quien inició hace ya más de un mes una marcha a pie de 1.000 km a Bogotá, para instar a las FARC y al presidente Alvaro Uribe a buscar un acuerdo que permita la libertad de 45 rehenes de los rebeldes, entre ellos su hijo Pablo, un soldado secuestrado por los insurgentes desde 1997.
En tanto, una caravana de buses que transporta a un millar de indígenas que aspiran a llegar a Bogotá, el jueves, para reclamar a los grupos armados y al gobierno el respeto a su autonomía y el cese de la violencia en sus territorios, llegó a la ciudad cafetalera de Armenia (300 km al oeste).
El politólogo Eduardo Pizarro, que dirige la estatal Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cree que este tipo de actos simbólicos son importantes para mantener viva la memoria colectiva.
Como ocurrió en Argentina o en Chile "si las víctimas se convierten en protagonistas, van a mantener sus derechos y esto va a servir para que en Colombia haya verdad, justicia y reparación", anotó.
Un estimativo de esa Comisión señala que unas 9.000 personas fueron asesinadas por los paramilitares en la última década.
"Nuestro propósito es devolverle un rostro a las víctimas y que no sean tratadas simplemente como un número estadístico", explicó la periodista Diana Sofía Giraldo, responsable de "Víctimas Visibles".
El acto de este martes se produce a tres semanas de que millones de colombianos salieran a las calles en las principales ciudades del país para exigir la liberación de unos 3.000 secuestrados.
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