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Bravo abrió portillo legal que permitió a donación llegar a manos privadas Exdiputado alega que buscó unificar Ley con convenio suscrito en 1993Accionistas minoritarios de la CNFL reclaman por donación inconsulta Ernesto Rivera erivera@nacion.com En 1995, cuando era diputado, Hernán Bravo Trejos modificó el texto de un proyecto de ley y abrió un portillo legal que permitía que cuando el Consejo de la Tierra cesara sus operaciones en Costa Rica, los terrenos –7,7 hectáreas– que el Estado le donó, pasaran a manos privadas. En su texto original el proyecto estipulaba que, en caso de disolverse o trasladarse a otro país, los bienes que se le habían donado a la Fundación Consejo de la Tierra (FCT) pasarían “inmediatamente” al patrimonio del Estado. Sin embargo, en el trámite legislativo, Bravo introdujo una moción, de su puño y letra, para modificar el texto original. El cambio estipuló que, en caso de disolución o de trasladarse fuera de Costa Rica, el Consejo de la Tierra debía donar los bienes recibidos a instituciones “públicas o privadas”. En agosto del 2000 los representantes del Consejo de la Tierra crearon una sociedad anónima –Gaia Tierra de Paz– cuyas acciones eran propiedad de la FCT y le vendieron la finca que habían recibido en donación. Luego, Gaia Tierra de Paz vendió a su vez la propiedad, en $1,5 millones, a otra firma privada, ajena al grupo de Maurice Strong, presidente de la FCT. En noviembre del 2003 la FCT cesó oficialmente sus operaciones en Costa Rica y sus representantes salieron del país sin que ningún órgano del Estado fiscalizara el uso dado a los recursos que les cedieron. Bravo asegura que introdujo ese cambio en el texto de la Ley para que tuviera la misma redacción que un convenio que la Fundación Consejo de la Tierra había firmado con el gobierno durante la administración Calderón Fournier. “Lo que estaba haciendo era que la Ley que autoriza la donación quedara con las mismas palabras que el convenio, no hay nada de misterioso”, dijo Bravo. El exdiputado señaló , además, que la Ley que impulsó y modificó , autorizaba, pero no obligaba, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y a la Municipalidad de Santa Ana a donar 7,7 hectáreas. No consultaron a accionistas. La donación de 6,9 hectáreas de la CNFL se efectuó sin consultar a los accionistas minoritarios de esta empresa estatal. Por ello, los accionistas minoritarios de la CNFL iniciaron un proceso judicial contra la misma CNFL por menoscabo patrimonial. La CNFL es una empresa pública de capital mixto en la que el Estado es dueño del 90% de las acciones y un grupo de socios privados posee el restante 10%. Este último grupo impulsa un reclamo judicial alegando que las autoridades de la empresa regalaron parte de su patrimonio sin tratar el tema en una asamblea de accionistas, tal como se estipula en el Código de Comercio. William Sing Zeledón, abogado de los socios minoritarios de la CNFL, señaló que al enterarse de que la FCT había vendido la propiedad a una firma privada, solicitaron que se iniciara una acción de reivindicación del inmueble. Según el abogado, ante la falta de acciones del Departamento Legal de la CNFL, iniciaron el reclamo judicial por menoscabo patrimonial. La Nación intentó consultar acerca de este caso a Pablo Cob, quien tanto ahora como en el momento de la donación fungía como gerente general de la CNFL, pero indicó que debido a que el tema está bajo litigio, los abogados de la CNFL le recomendaron no hacer declaraciones. Cob remitió a dos acuerdos de de la junta de directores de la CNFL, en los que se acordó donar la finca de Santa Ana al Consejo de la Tierra.
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