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Fundación desvió destino de bienes donados por el Estado Administración Calderón F. giró $835.000 para sede que no se construyóTesorero de firma que vendió la tierra no habla “para no perjudicarse” Ernesto Rivera erivera@nacion.com El Estado entregó a una fundación cerca de $1,3 millones y 7,7 hectáreas en Lindora, Santa Ana, pero los representantes de esa entidad vendieron el terreno en $1,5 millones y abandonaron el país sin que ningún órgano estatal fiscalizara el uso que dieron a los recursos entregados. Se trata de la Fundación Consejo de la Tierra (FCT), que operó en Costa Rica entre los años 1993 y 2003 y que se promocionaba como un ente que trabajaba para la protección del planeta.
Sus representantes, así como los empleados que administraron el dinero y los bienes donados por el Estado, mantienen ahora un cerrado hermetismo. El proyecto de la FCT fue impulsado aquí por los entonces presidentes Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y José María Figueres Olsen (1994-1998), y por el exministro del Ambiente y exdiputado Hernán Bravo Trejos. Entre 1993 y 1998 ellos gestionaron la promulgación de leyes para donarles tierras públicas, exonerarlos de impuestos e incluir a la Fundación como beneficiaria del presupuesto nacional, por un total de ¢155 millones ($1,2 millones a valor actual. Luego, la FCT recibió $85.000 más en el gobierno de Rodríguez. El presidente de la FCT en Costa Rica era el canadiense Maurice Strong, organizador en 1992 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo (llamada Cumbre de Río o Eco 92), en Río de Janeiro, Brasil. Strong, y su colaborador Krishnamurthy Panchapakesan, son ahora investigados en Costa Rica por la Fiscalía de Fraudes por los presuntos delitos de estafa y peculado en perjuicio del Estado por vender las tierras que el Estado les donó para construir una sede. El proyecto lo lanzó el entonces presidente Rafael Ángel Calderón al finalizar la Eco 92. Allí anunció que la Cumbre había “aprobado” la creación de un Consejo del Planeta Tierra y que Costa Rica había sido escogida para instalar la sede de esa organización. Ahora, Farhan Haq, vocero del actual Secretario General de la ONU, afirma que la Cumbre de Río nunca aprobó la creación del Consejo de la Tierra, ni designó a Costa Rica como sede de ese organismo. La Nación buscó obtener el punto de vista del expresidente Calderón Fournier, pero no contestó las preguntas enviadas a través de su abogado Juan Marcos Rivero. Presupuesto y donaciones. Un año después de la Cumbre de Río, desde la presidencia, Calderón impulsó una ley en la que Costa Rica asumía el compromiso de otorgar a la FCT las facilidades necesarias para instalarse aquí. La iniciativa se aprobó en la Asamblea Legislativa en menos de tres meses debido a que el proyecto de ley fue dispensado de todos los trámites legislativos por el entonces diputado del partido Unidad, Eliseo Vargas García. La Ley es la 7349, lleva la firma de Calderón como presidente, de Bernd Niehaus como canciller y de Hernán Bravo como ministro de Ambiente. Entre otros beneficios, otorgó a la FCT el estatus de “misión internacional”, la exoneró del pago de impuestos sobre la renta y a la importación de vehículos. En 1993 y 1994, también por iniciativa del Poder Ejecutivo, se incluyó a la FCT como beneficiaria del presupuesto nacional y se le giraron ¢90 millones ($835.897 a valor presente), con el destino específico de comprar y equipar una sede. Luego, en 1995, el entonces diputado Bravo impulsó otra ley que autorizó a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y a la Municipalidad de Santa Ana a donar a la FCT dos fincas por un total de 7,7 hectáreas. A estas donaciones públicas se incorporó otra finca de 1,1 hectáreas que donó Hacienda Lindora S. A. En total, se dotó gratuitamente a la FCT de casi 9 hectáreas, una superficie equivalente a 11 estadios de futbol. Pero antes de que la Ley se aprobara, Bravo introdujo un cambio en el texto original y abrió un portillo legal que permitía que, al cesar sus operaciones en Costa Rica, las tierras pasaran a manos privadas. Traspaso y venta. En 1996, al inaugurar la maqueta del proyecto, Maurice Strong anunció que las obras finalizarían en el 2001. Para marzo del 2000, cuando el terreno era como hoy, un pastizal, el apoderado de la FCT, Krishnamurthy Panchapakesan y uno de sus empleados, Fadrique Brenes Obando, crearon un sociedad anónima a la que llamaron Gaia Tierra de Paz en Santa Ana, cuyas acciones eran propiedad de la FCT. En agosto del 2000, la FCT vendió la finca a Gaia y luego comenzó a negociar el terreno con el agente de bienes raíces Rodolfo Guillén. Guillén recuerda que las negociaciones se hicieron en la Universidad para la Paz y que el precio final de venta se acordó con Strong. La finca la compró el Grupo Brujas S. A. cuyo presidente, Norval Garnier Oreamuno, indicó que pagó $1.567.000 a los representantes del Consejo de la Tierra. Según Fabián Volio Echeverría, abogado de Hacienda Lindora S. A., antes de que la venta se completase, advirtió a Garnier de que se trataba de tierras que habían sido donadas por el Estado. Garnier alega que, cuando recibió esa información, ya había entregado parte del dinero en señal de trato y que, si desistía de la compra, corría el riesgo de perderlo. Según el empresario, los representantes de la FCT le aseguraron que tenían derecho de vender la propiedad y se comprometieron a cubrir los gastos legales si el derecho del Grupo Brujas era “perturbado por acciones judiciales”. En noviembre del 2003 la FCT cesó sus actividades en Costa Rica, sus representantes se fueron del país sin que ningún ente del Estado fiscalizara el uso dado a los recursos públicos que recibieron y el tesorero de Gaia Tierra de Paz, Fadrique Brenes, no da declaraciones, para evitar perjudicarse.
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