Canciller francés Bernard Kouchner
(AFP)
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BRUSELAS (AFP) -
Los cancilleres de los 27 países de la Unión Europea lanzaron el lunes en Bruselas la Conferencia Intergubernamental (CIG) encargada de redactar el tratado que reemplazará la Constitución Europea, con una nueva amenaza de Polonia para reducir el alcance del texto.
La apertura de la CIG estuvo a cargo de la presidencia portuguesa de la UE, que entregó a sus socios un primer proyecto del tratado, compuesto por unas 275 páginas (con anexos y protocolos adicionales) y basado en el laborioso acuerdo alcanzado en la cumbre europea de junio pasado.
Si bien no se aguardaban discusiones sobre el texto en esta corta sesión, la la ministra polaca de Relaciones Exteriores, Anna Fotyga, anunció que su país analizaba la posibilidad de no aceptar como jurídicamente vinculante la Carta de Derechos Fundamentales, considerada uno de los grandes avances del tratado para reemplazar la Constitución rechazada por franceses y holandeses en 2005.
"Los polacos están tentados de unirse a los británicos en su decisión de no adoptar la Carta", dijo el eurodiputado británico Andrew Duff, uno de los tres expertos de la Eurocámara que participan en la CIG.
Única delegación en intervenir durante la sesión de apertura de la conferencia, Polonia podría abrir paso con su idea a que otros países opten por la misma alternativa brindada a Gran Bretaña.
"Si la infección se expande significará el final de la Carta", indicó Duff, mientras que el ministro luxemburgués de Asuntos Europeos, Nicolas Schmit, admitía que "será difícil rechazar para Polonia lo que ya ha sido aceptado para el Reino Unido".
En efecto, el nuevo tratado retoma la "sustancia" de la Constitución aunque incluye concesiones para los euroescépticos, como Polonia (sistema de votos), el Reino Unido (derogación para aplicar la Carta de Derechos Fundamentales y la participar en cooperación penal), República Checa y Holanda (supresión de símbolos de la UE y más participación de los Parlamentos nacionales).
Si bien Polonia mencionó la cuestión de la Carta, dejó de lado en cambio su idea de pedir que las decisiones adoptadas por mayoría calificada después de 2017 puedan ser bloqueadas durante dos años por una minoría de Estados miembros.
La ministra Fotyga indicó que su país aceptaba el plazo de tres meses propuesto en el nuevo tratado, teniendo en cuenta que a su entender ese mecanismo puede ser utilizado "en forma reiterada".
Tras la ceremonia del lunes en Bruselas, expertos jurídicos de los 27 tienen previsto comenzar a analizar el contenido del texto el miércoles, a la espera de trabajos más detallados a partir de fines de agosto.
La presidencia portuguesa, que espera la aprobación del texto en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE del 18 y 19 de octubre en Lisboa, relativizó las eventuales dificultades planteadas por Polonia.
"Hay necesidad de aclaraciones. Veremos eso en el plano técnico, y luego veremos si hay un problema político. No vamos a dramatizar", declaró el canciller portugués Luis Amado.
Pero otros países de la UE, en particular aquellos que habían ratificado la Constitución europea, como España, advirtieron que no permitirán cambios que supongan un retroceso.
"Vamos a ser muy vigilantes para que no haya ningún cambio que suponga un retroceso. Todo lo contrario, que sean avances y acercarnos más al Tratado constitucional", señaló en ese sentido el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos.
Una vez suscrito por los 27, probablemente a fines de año, el tratado deberá ser ratificado por todos los Estados miembros para poder entrar en vigor antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009.
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