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Sociedad y Servicios Fiscal afirma que directiva liderada por Albino Vargas impulsa lucha política Vanessa Loaiza y Mercedes Agüero vloaiza@nacion.com La fiscal general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Nelly Rojas López, solicitó protección policial luego de que presentara ante el Ministerio de Trabajo un informe sobre supuestas anomalías cometidas por directivos de la organización. En una carta enviada el 16 de julio a Fernando Berrocal, ministro de Seguridad Pública, Rojas aseguró que luego de presentar su informe “he recibido, por vía telefónica, todo tipo de amenazas para que retire la denuncia (…) y temo por mi vida, la de mis familiares y compañeros de labor”. Berrocal confirmó anoche que remitió la solicitud a la Fiscalía para que esta resuelva si procede o no prestarle protección. La fiscal solicitó protección solo seis días después de enviar al Ministerio de Trabajo un informe donde concluye que “algunos dirigentes perpetuados en sus puestos” han dispuesto en forma discrecional del patrimonio de la ANEP y han “embarcado” a la organización en un “proyecto político nacional” que rebasa sus objetivos legales. El documento –del cual La Nación tiene copia– también está firmado por María de los Ángeles Fonseca Ortega y Luis Alberto Salas Sarkis, este último es el secretario general del sindicato de empleados del Instituto Nacional de Seguros (INS). Francisco Morales, ministro de Trabajo, afirmó que la denuncia está en análisis en el departamento de relaciones laborales. Sin permiso. Los denunciantes sugieren que la actual junta directiva de ANEP tomó dinero para financiar la campaña contra el TLC sin contar con el aval de la Asamblea General, la cual reune a todos los agremiados. La directiva está conformada por 19 personas y la presiden el secretario general, Albino Vargas Barrantes, y el secretario adjunto, Édgar Morales Quesada. Según la denuncia, el dinero utilizado proviene de la venta de un lote que tenía la ANEP en Escazú. El terreno se vendió en $600.000 en el 2003, y parte de los recursos sirvieron para pagar cuotas atrasadas a la Caja de Seguro Social. Al parecer, la directiva del sindicato acordó tomar dinero para la lucha anti TLC y fue hasta el 25 de noviembre del 2006 que Albino Vargas pidió el refrendo de la Asamblea. Ese día, otra dirigente, María de los Ángeles Calderón, presentó una moción para autorizar a la junta directiva a usar los fondos de la venta del terreno “para casos de extrema urgencia político social”. Las dos mociones fueron aprobadas. Con ello “la junta obtuvo un cheque en blanco para disponer discrecionalmente de los fondos del sindicato”, agrega la denuncia. Aspiraciones políticas. Nelly Rojas agregó que los actuales directivos de ANEP están “desvirtuando los objetivos legales de la organización” y mantienen un ideario al que llaman “proyecto político en desarrollo”. Según consta en su Código de Honor, de 1999, la ANEP aspira a contraponerse al proyecto político “representado por el bloque neoliberal que controla los destinos de nuestra querida Costa Rica”. Estas denuncias trascendieron ayer, un día antes de que la ANEP realice su Asamblea Nacional, en la que se eligirá a la junta directiva para el período 2007-2009. Édgar Morales rehusó anoche dar declaraciones a La Nación.
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