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Lo malo de las recetas

Hay que redefinir la forma de hacer políticas públicas y su contenido

Jorge Arturo Chaves
Presbítero

En asuntos humanos es inconveniente el apego a los recetarios. Quizás las excepciones serían la del campo médico y la de la cocina. Pero incluso en estas, los facultativos saben que no tratan con enfermeda- des, sino con enfermos, y los chefs más experimentados añaden a las combinaciones recomendadas su toque de picardía, una pizca de esto o de lo otro, para seducir a la variedad de los gustos. La cosa es que el sentido común desalienta el uso de la receta, como prescripción fija e intocable, si se quiere resolver problemas humanos y exige la consideración de las características concretas de estos, antes de aplicar una solución.

Sin embargo, un buen número de políticos y economistas parecen resistirse a esta que parece una evidencia extendida. En política y en economía hay, en efecto, una tendencia frecuente que lleva más bien a la repetición de fórmulas, pautas y prescripciones. No importa que respondan a principios generales, válidos en los manuales o en situaciones anteriores o de otra ubicación geográfica. No importa que la realidad del país concreto presente otros rasgos muy particulares. La receta es la receta y hay que aplicarla. Quizás el origen de este desacierto está en la concepción de la economía como una disciplina que pretende ser la más “dura” de las ciencias “blandas”, que estaría exenta, por ello, del análisis de la historia. El hecho es que en este error ha caído la recordada gerontocracia soviética, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y los supuestamente libe- rales de nuevo cuño. Entre otros.

Nuevos rasgos. En ese mismo engaño se puede caer en Costa Rica hoy a la hora de enfrentar los retos de la economía y del desarrollo. Y el desliz se podría dar –si no se está ya produciendo de hecho– si la definición de políticas económicas y la firma de tratados comerciales se hace pensando más en la corrección de lo que dictan la teoría o experiencias ajenas, y menos en los nuevos rasgos que presenta la actual sociedad costarricense. El libre comercio puede ser deseable; las inversiones extranjeras, indispensables; la competencia, un estímulo. Todo esto puede ser así. Pero también puede ser todo lo contrario para el país, según se prescinda o no de la consideración de rasgos esenciales de la situación presente, a la hora de aplicar en concreto esos instrumentos de crecimiento.

Baste mencionar una característica: la tendencia en esta última década a una creciente inequidad en el país. Definir los contenidos de un tratado comercial, o los de una política productiva o fiscal, de espaldas a esa realidad, es arriesgarse al fracaso nacional y al de los sectores más débiles, aunque pueda ser de extraordinario beneficio para algunos grupos –claro, en el corto plazo–. Pretender tan solo compensar los efectos negativos con “políticas sociales” es, precisamente, una típica “receta” fuera de lugar. Porque en una situación de creciente inequidad, hay que redefinir la forma de hacer políticas públicas y su contenido. Tanto la ética como el buen olfato económico indican que en estas circunstancias toda política pública debe ser social, muy en especial las políticas económicas y comerciales. Es decir, todas deben apuntar a los intereses de todos, sobre todo los de quienes menos se están beneficiando desde hace rato de la dinámica económica y comercial.

Seguir el recetario, una vez más, no solo puede dejar sin curación al enfermo, sino que corre el riesgo de agravarlo.

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