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El TLC cambia la historia Defendemos, como hombres y mujeres, el Estado social de derechoRosario Íncer A. Ingeniera No me interesa entrar en polémica con el señor CastroVega, a quien no conozco, pero me veo en la obligación de aclarar a la opinión pública que yo no ostento el cargo de “Coordinadora de la Comisión Nacional de Enlace”, ya que esa Comisión es un espacio plural, diverso y abierto de organizaciones sociales y populares, donde convergen personas y organizaciones de diversa índole: campesinas, estudiantiles, sindicales, ambientales, comunales, indígenas, de mujeres, humanistas, educativas y políticas. La autoría del comunicado que yo divulgué no puede atribuirse a mi persona ni a ninguna otra individualmente, ya que responde al pensamiento y posición de esa instancia, en el tanto que pertenece a las organizaciones y personas integrantes de ese colectivo. La conclusión temeraria del señor Castro de que “estamos en presencia de un golpe de Estado anunciado”, relacionándolo además con el gobierno de Chávez, es una afirmación que no podemos dejar pasar, porque las relaciones con Venezuela las maneja el país por los canales diplomáticos. La Comisión de Enlace no ha solicitado ni ha tenido reuniones con personeros de ese país para solicitarles apoyo político y financiero, como afirma este señor. De un plumazo. Consideramos que el TLC determina una dirección jurídica y económica de la vida institucional y, por lo tanto, cambia el curso de la historia del país. Así lo han interpretado y analizado diez respetables juristas y profesionales de la UCR en el informe preparado para la Rectoría denominado “Roces Constitucionales del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE. UU.”, donde se analiza una serie de evidentes aspectos inconstitucionales que presenta este Tratado, aunque después cinco magistrados de la Sala IV, en su reciente resolución, desconocieron de un plumazo. Por lo anterior manifestamos que el pronunciamiento de la Sala IV responde a intereses políticos y no a instrumentos técnicos de un Estado de derecho. Los cinco magistrados que avalaron esta resolución debilitan el ordenamiento jurídico al hacer un claro abandono de la autonomía e independencia de los poderes del Estado, para ponerlos al servicio de intereses económicos y políticos particulares de quienes nos quieren imponer un Estado liberal de mercado, sustituyendo la Constitución por un TLC que profundiza el carácter neoliberal y la pérdida de la soberanía. No a la violencia. Reiteramos a la ciudadanía que no somos de ninguna forma un grupo que llama a la violencia, sino ciudadanos y ciudadanas respetuosos(as) del orden jurídico institucional, aunque reclamamos el derecho a la libre expresión del pensamiento. Al ejercer este derecho constitucional, disentimos de la resolución de la Sala Constitucional, junto a miles y miles de personas honestas, conscientes y patrióticas que esperábamos una resolución técnica y jurídica, sin vicios políticos. Desde la Comisión Nacional de Enlace denunciamos las acciones sistemáticas que este Gobierno y los anteriores nos han impuesto para debilitar y desmantelar la institucionalidad y el Estado social de derecho, con el fin de entregarlos a los intereses de las empresas transnacionales. Presenciamos cómo la consolidación de este proceso lo determina el TLC, que nos devela una Costa Rica distinta de la que forjaron nuestros antecesores: cada vez más desigual económica y socialmente, con un alarmante aumento de la exclusión social, de la pobreza y de la violencia doméstica y ciudadana.
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