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EDITORIALUna herencia abrumadora El desbarajuste en la gestión pública en años pasados llegó a niveles inauditosEs deber de este Gobierno reestructurar y dignificar las instituciones públicas Nuestra información de ayer sobre la ausencia de una fiscalización de ¢345. 000 millones invertidos por el INS, según un informe de la Contraloría General de la República, tiene dos partes: la denuncia concreta en sí, con su respaldo técnico y sus conclusiones, y la reacción de la presidencia ejecutiva de esta institución. Si la primera es puntual, la segunda describe la gestión del INS, en administraciones pasadas, en forma implacable, lo que no significa injusta o exagerada. Lamentablemente, otros reportajes de La Nación han diagnosticado esta dura realidad. El problema, sin embargo, no se detiene aquí. El INS es solo un capítulo más en un historial público sombrío, donde han quedado al descubierto un cúmulo de vicios y falsedades, desde el engaño de la ley 4-3, que quebró el sistema institucional, de autoridad, de coordinación y de gestión, hasta la propia administración interna de las instituciones públicas, dígase INS, ICE, Japdeva, CCSS, IDA, AyA, Banco Popular y otras. Y si esto es así, como lo es, en este bazar de sorpresas y aberraciones también han acumulado una carga de responsabilidad los respectivos Gobiernos, la acción controladora del Estado y la inspección política legislativa. Es decir, los mecanismos básicos de control, evaluación, coordinación y sanción no funcionaron oportunamente. Si esta anormalidad general se ha venido incubando, durante tanto tiempo, algunas causas deben explicar estas conductas, sin que esto quiera decir, de ninguna manera, que la detección o denuncia de graves fallas en las instituciones públicas constituya un juicio negativo sobre toda la gestión general o sobre todos los funcionarios públicos. Nos referimos, tal como lo prueban los diversos reportajes, a determinados actos específicos significativos y, como tales, reveladores de una patología interna y de una mentalidad desviada en la gestión pública. Podrían citarse las siguientes causas: la indiferencia moral en la administración de lo público, a diferencia de lo propio; la visión ideológica institucional, según la cual toda crítica o investigación pública obedece a un designio de descalificación y, por consiguiente, de privatización de los servicios públicos; la corrupción y el clientelismo político (el desbarajuste interno es rentable), el temor al ejercicio de la autoridad, la carencia de controles internos institucionales, la creencia de que el Estado es eficiente per se, y, en general, la impunidad que ha encubierto el incumplimiento de deberes. Traemos a cuento dos declaraciones: la del actual presidente ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, quien, ante el señalamiento de la Contraloría en punto a la falta de fiscalización sobre las inversiones, expresó : “esto es parte de la historia negra del INS”, y la del presidente ejecutivo de Japdeva, Walter Robinson, quien calificó a Japdeva como “un botín de piratas”. Como hemos apuntado en otros comentarios sobre asuntos similares, la carga que ha recaído sobre el actual Gobierno por la herencia recibida, en el campo de la gestión pública, es muy pesada. Si la acomete con hidalguía, visión y eficacia, como se ha venido realizando en algunas instituciones estratégicas, le habrá rendido al país un beneficio digno del mayor reconocimiento. Pero, no se trata de reconocimiento, sino de cumplimiento leal del deber, es decir, de la antítesis de lo que ha ocurrido en la esfera del Estado. De las “historias negras” y de los “botines de piratas” hay que pasar a los valores clásicos de la honradez, la eficiencia, el servicio público, la transparencia, el control sistemático y la legalidad, en aras del bien común. Sin esta transformación radical, el ideal de un país desarrollado se alejará cada día más.
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