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fdg dhf ghfxghx fghSociedad y Servicios Esteban Oviedo eoviedo@nacion.com El Gobierno organizó el trabajo que cinco instituciones públicas deben hacer para procurar el rescate de los menores de la calle adictos a las drogas. Las entidades son el Instituto Costarricense sobre Alcoholismo (IAFA), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). La coordinación está en manos de la primera vicepresidenta Laura Chinchilla. En mayo del 2005, la Sala IV había ordenado a estas instituciones emprender acciones en un plazo de 18 meses para atender la problemática de los menores farmacodependientes (voto 5871). Pero, desde entonces, las acciones han sido insuficientes y, aún hoy, muchos menores regresan a la calle después de ser atendidos por el PANI y el Hospital Nacional Psiquiátrico de la CCSS, en parte porque el Estado carece de programas suficientes para impulsar su rehabilitación. El Psiquiátrico solo tiene ocho cupos para menores adictos, por lo que muchos se fugan a la espera de un campo. Además, al salir del hospital, el PANI envía a los jóvenes a organizaciones no gubernamentales de las que escapan porque no son de internamiento obligatorio o porque no son centros especializados en niños de la calle. Cita clave Daniel Soley, defensor adjunto, convocó a una reunión el miércoles pasado a los jerarcas de las instituciones para conversar sobre el tema en la Defensoría de los Habitantes. En la cita, la vicepresidenta informó de que las instituciones firmaron al menos cinco acuerdos para poner en marcha el sistema de atención a los menores de la calle, en donde cada entidad definirá su función. El IAFA, dependencia de Salud, tendrá listo el próximo año un nuevo centro de rehabilitación con 60 cupos especializado en menores adictos. Soley también destacó la disposición de la CCSS para desarrollar una especialización en la atención de la drogadicción. La CCSS además facilitará medicinas a bajo precio y pondrá a disposición su red de servicios de salud para detectar adicciones. “El problema de las drogas se desbordó. Si la CCSS no se mete, no hay capacidad”, comentó la vicepresidenta Chinchilla confirmó que las dificultades para que las instituciones coordinaran entre sí. “Uno podría decir que había un vacío de atención. Las gestiones fueron individuales y débiles y no se avanzó”. El IAFA además ampliará su cobertura de atención en algunas zonas y trabajará en la prevención de las drogas con el Ministerio de Educación Pública. Mientras, el Psiquiátrico ampliará sus cupos para atender menores el próximo año, aunque Chinchilla considera que el programa se debería sacar de ese Hospital para evitar una estigmatización sobre los menores. El PANI, por su parte, tiene la obligación de proteger a los menores y referirlos. A la reunión asistieron María Luisa Ávila, ministra de Salud; Eduardo Doryan, presidente de la CCSS, Mario Víquez, presidente del PANI, Mauricio Boraschi, director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Giselle Amador, directora del IAFA y Francisco Golcher, presidente de esa última entidad. Además, estuvo Oliva Brenes, directora del Hospital Nacional Psiquiátrico. Difícil de mover La Defensoría le había dado seguimiento al tema por varios años y estaba preocupada porque, hasta hace dos meses, no había avances palpables, dijo Soley. “Muchos creían que habían cooperado demasiado cuando lo que tienen es una obligación legal. Si bien esto viene desde hacer varios años y muchos pueden decir que lo heredaron, lo cierto es que ya se cumplió más de un año”, continuó el defensor. El sindicato del PANI también había expresado que la problemática de los menores de la calle no se solucionará hasta que existan estrategias con gran inversión estatal y verdadero compromiso de las demás instituciones involucradas. “Si bien ha habido voluntad, tal vez ha faltado ese elemento esencial para poner a funcionar el engranaje, hay competencias muy distintas entre las instituciones no sometidas jerárquicamente entre ellas”, dijo Soley. Para el defensor, la presencia de Chinchilla confirmó la “plena voluntad del actual Gobierno para abordar con la urgencia del caso esta situación”. La Defensoría dijo que dará seguimiento a las acciones de las entidades para cerciorarse de que cumplan sus compromisos.
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