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Ni extremistas ni sediciosos Jorge Coronado Marroquín Comisión Nacional de Enlace En su Editorial, en sus columnas y artículos, La Nación ha querido mostrar a los integrantes de la Comisión Nacional de Enlace como grupos extremistas y subversivos que hacen llamados a la violencia y a desconocer la institucionalidad democrática. Nada más alejado de la verdad. En el comunicado de prensa de esta Comisión de Enlace, enviado a los medios, sobre la resolución de la Sala IV referida a la constitucionalidad del TLC, no desconocemos la institucionalidad costarricense como maliciosamente lo presenta este diario. Lo que aseguramos es que no nos pueden merecer respeto pronunciamientos de instancias como el de la Sala Constitucional, cuyos integrantes responden a los intereses políticos de este Gobierno. Señalamos también en el Comunicado que son los hermanos Arias Sánchez quienes han secuestrado la institucionalidad costarricense. Acción ilegal. En su primera Administración, Óscar Arias, mediante el decreto ejecutivo N° 268 de diciembre de 1987, permitió a la transnacional Millicom operar ilegalmente la telefonía celular, acción declarada inconstitucional, mediante el fallo N° 5386-93 de octubre de 1993. Esta acción ilegal, que arriesgó al país a una demanda de $450 millones, dichosamente fue desmontada. En el 2003, la Sala IV autorizó la reelección presidencial que ya había sido rechazada. Las presiones ejercidas sobre ella se plasmaron en un libro de un connotado liberacionista. Los Magistrados, que deberían ser funcionarios técnicos del estado de Derecho, que respondan a este son, desde hace años, nombramientos políticos, producto del acuerdo de las cúpulas del bipartidismo. En el año 2005, salen a la luz pública una serie de actos de corrupción que tocan a expresidentes y a altos funcionarios públicos. Es este bipartidismo el que realmente ha secuestrado la institucionalidad democrática. En estas circunstancias, nadie debe arrogarse la soberanía del pueblo ni tratar de amedrentar a los ciudadanos y a las ciudadanas para que no juzguen las actuaciones de los funcionarios públicos, salvo que renunciemos a las reglas que rigen toda democracia. Desde la Comisión de Enlace, espacio abierto y plural donde converge una diversidad del espectro social, rechazamos tajantemente las irresponsables declaraciones y acusaciones del periódico La Nación y de otros que se han hecho eco de ellas, como Canara. Hemos sido ciudadanos respetuosos del orden jurídico institucional, pero no permitiremos que se conculquen nuestros derechos, la libre expresión del pensamiento, y pretendan que aceptemos la impunidad con que actúan los políticos y empresarios en alianza, que, no satisfechos con desmantelar el estado social de Derecho, hoy pretenden entregarlo a los intereses de las empresas transnacionales. Cambio de curso. El TLC determina una dirección jurídica y económica de la vida institucional y, por lo tanto, cambia el curso de la historia del país. Los que hoy nos oponemos a él hacemos una defensa patriótica porque, con este Tratado, las generaciones venideras quedan atadas para siempre y se ven afectadas negativamente; un sinnúmero de sectores e instituciones del Estado: los agricultores y ganaderos, los arroceros, pequeños y medianos empresarios nacionales, la población indígena, la biodiversidad, los recursos naturales (el agua), el territorio marino, la seguridad social, los sistemas de salud, los colegios profesionales, las telecomunicaciones, los seguros. Un pulso desigual. Los del “sí” tienen a su disposición los medios de comunicación, financiamiento millonario nacional e internacional, contrataciones de agencias publicitarias, recursos del Gobierno y un reglamento del TSE débil y complaciente que no garantiza el control, la equidad y la transparencia en el proceso del referéndum. Es una responsabilidad histórica salir a votar “no”, el próximo 7 de octubre, ya que es la oportunidad para que el pueblo saque a relucir su enorme reserva moral y patriótica. Vamos a participar activamente para demostrar que hoy los intereses de la Patria se expresarán mayoritariamente en el voto de miles y miles de costarricenses, que votarán por un claro y contundente “no” al TLC y a los proyectos privatizadores de la agenda de implementación.
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