Ex general panameño Manuel Antonio Noriega
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PANAMA (AFP) -
La eventual decisión de la justicia estadounidense de extraditar al ex general panameño Manuel Antonio Noriega a Francia sería una maniobra para evitar su retorno a Panamá, por temor del gobierno de Martín Torrijos de que reabra viejas heridas, según opositores.
Noriega, de 73 años, quien saldrá en libertad el 9 de septiembre de una prisión federal de Miami, es reclamado por la justicia francesa para que purgue una pena de 10 años de prisión por lavado de dinero.
"El gobierno panameño ha dedicado desesperados esfuerzos para que el general Noriega no venga a Panamá porque no lo quieren aquí", aseguró a la AFP Miguel Antonio Bernal, un periodista y abogado que se opuso abiertamente al régimen militar.
Según Bernal "los intereses políticos se han impuesto para evitar que Noriega sea extraditado a Panamá, sobre todo en el gobierno de Martín Torrijos porque puede afectar sus intereses políticos".
El embajador de Francia en Panamá Pierre-Henri Guignard descartó que existan arreglos a trastiendas del caso Noriega porque se trata de un caso tramitado por la justicia francesa, con un pedido de extradición formalizado en 2004.
"Esto -el proceso de extradición- es el principio de un largo proceso y no el final y le corresponderá a la justicia norteamericana decidir", precisó Guinard.
El diplomático francés explicó a la AFP que Noriega puede apelar el juicio al que fue sometido en ausencia en Francia, pero recordó que la extradición "no es un proceso político, sino un proceso judicial" aunque reconoció que en Panamá es un caso "polémico y mediático".
Los abogados defensores de Noriega, derrocado tras la invasión militar norteamericana de diciembre de 1989 y luego condenado por narcotráfico en Miami, afirman que el ex militar debe ser enviado a Panamá, en su condición de "prisionero de guerra", como lo designó Estados Unidos.
Panamá pidió la extradición de Noriega en 1991, antes que Francia, y la reiteró por vías diplomáticas hace 4 meses, dijo la cancillería panameña.
Noriega enfrentó 21 causas penales y fue condenado en cinco de ellas a 58 años de prisión, dijo este jueves la Procuraduría General.
Por otro lado, Bernal denunció que altos funcionarios del gobierno de Torrijos trabajaron estrechamente con Noriega, entre ellos la ministra de Vivienda Balbina Herrera, el ministro de Obras Públicas, Benjamin Colamarco, el director de Aduanas y ex coronel Daniel Delgado, el viceministro de Gobierno, ex mayor Severino Mejía y los jefes de los principales organismos de seguridad.
"El pedido de Francia parece un arreglo con el gobierno panameño para eludir la situación incómoda que provocaría su regreso", advirtió Bernal.
"Esta es una componenda entre Francia y Panamá, para que Noriega pueda evadir la justicia", denunció asimismo el ex canciller José Raúl Mulino.
El portavoz de la embajada norteamericana en Panamá, Gavin Soundwall, reveló que antes de tramitar la extradición a Francia, consultó al gobierno panameño bajo el argumento que Panamá no lo extraditaría a Francia en el futuro.
"Para nosotros lo más importante es que Noriega enfrente la justicia por los crímenes cometidos. El evadiría la justicia francesa si fuese extraditado a Panamá primero. Si es extraditado a Francia, él podría enfrentrar a la justicia panameña después", dijo Soundwall.
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