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Claro fallo, defraudante consulta ¿Qué más inventarán los ideólogos anti-TLC contra los intereses del país?Ricardo Trujillo Profesional en Telecomunicaciones Ya todos conocemos el fallo de la Sala Cuarta ante la consulta de “expertos constitucionalistas de la UCR” sobre un supuesto roce inconstitucional del Anexo 13 referente a los compromisos específicos que el país asumió en servicios de telecomunicaciones. Citamos textualmente el voto razonado de la Sala IV: “Es así como el texto del Tratado se convierte en una garantía para los consumidores en materia de telelecomunicaciones, que no solo van a tener la oportunidad de escoger el proveedor de servicios que más les convenga a sus intereses, en atención a lo dispuesto en el numeral 46 de la Constitución Política, sino que además, (los consumidores) cuentan con el compromiso de que el Estado seguirá adoptando las medidas necesarias para lograr la universalidad y solidaridad de los servicios que se abran a la competencia, medidas que además serán aplicadas a todos los proveedores y no únicamente al Instituto Costarricense de Electricidad”. El compromiso del Anexo 13 del TLC que fue sometido a consulta fue el siguiente: “Costa Rica permitirá a los operadores de otra parte (o demás países signatarios) suministrar servicios de telecomunicaciones (redes privadas, Internet y telefonía móvil) en términos y condiciones no menos favorables (aplicables a los servicios) que aquellos establecidos u otorgados de conformidad con su legislación vigente al 27 de enero del 2003”, fecha de inicio de negociaciones del tratado. Los tres compromisos. Los tres compromisos ofrecidos por Costa Rica, que por cierto no fueron impuestos como han difundido los opositores al tratado, que fueron aceptados por los países signatarios como satisfactorios para el mismo objetivo del Capítulo 13 y asumidos por Costa Rica en el TLC son: 1) La modernización del ICE, 2) la apertura gradual y selectiva de los mercados, y 3) la legislación necesaria para crear el marco legal regulatorio de ese mercado, pero basado en principios que, como los de universalidad, solidaridad, no discriminación, interconexión regulada, transparencia, competencia, flexibilidad en opciones tecnológicas, independencia de la autoridad reguladora, fueron definidos en el mismo anexo. La Sala IV ha interpretado magistralmente el compromiso del Anexo 13 como una garantía para los consumidores o verdaderos beneficiarios del Tratado, no solo para escoger el proveedor más conveniente a sus intereses en el marco de apertura propuesto, sino para, adicionalmente, contar con el compromiso estatal de que este seguirá adoptando, mediante legislación idónea, medidas que aplicadas a todos los proveedores y no solo al ICE, harán posible lograr la universalidad y solidaridad de los servicios que serán abiertos a la competencia. ¡Más claro no canta un gallo! Conclusiones. Las obligaciones asumidas por Costa Rica dentro del TLC jamás fueron ni serán violatorias de nuestro orden jurídico constitucional como lo ha fallado la Sala IV, sino que, más bien, tendrán repercusiones altamente beneficiosas para la población y las empresas, dado que nos garantizan más disponibilidad de servicios, de su suministro por más de un operador y de mejoras y superación de los términos y condiciones de los servicios que teníamos para enero del 2003. No es aceptable desde ningún punto de vista legal, moral o ético que los opositores al TLC denigren a los magistrados de Sala IV por su lógico y esperado fallo. A quienes tienen que demandar y pedir cuentas es a los “expertos abogados constitucionalistas” que elaboraron la tesis de los roces constitucionales, y que les defraudaron al hacerles creer que había gato encerrado en el Anexo 13, embarcándolos en una lucha política de antemano perdida, y por haberles infundido falsas expectativas sobre un fallo favorable. ¿Que más inventarán los ideólogos anti-TLC en las próximas semanas para seguir en su lucha, intereses y protagonismo político, sin importarles que cada día se confrontan y distancian con los más nobles, patrióticos y verdaderos intereses populares?
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