Presidente de Nicaragua Daniel Ortega
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MANAGUA (AFP) -
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, podría poner a sus partidarios en las calles para apoyar su proyecto de "democracia directa", por medio de unos polémicos Consejos de Poder Ciudadano (CPC), rechazados por la oposición, que los considera copia de los CDR cubanos.
La intención de los diputados opositores es derogar los CPC, creados por disposición del Ejecutivo, a lo cual Ortega reaccionó afirmando que los que se oponen a estos consejos "han cometido crimen contra el pueblo. El pueblo no pide venganza, pero pide justicia".
El gobierno se propone impulsar a través de los CPC --que se organizarán desde los barrios, comarcas y caseríos-- programas sociales de alimentación, alfabezatización, microcréditos y tareas de vigilancia, entre otras acciones.
Según Ortega los CPC serían un instrumento de "poder popular", al que se someterán los ministros y funcionarios de gobierno para la planificación y desarrollo de programas en beneficio de la comunidad.
Durante la revolución (1979-1990) el gobierno creó los Comités de Defensa Sandinista (CDS), copia de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Cuba. Ahora el gobierno, que es minoría en el Parlamento, para impedir que sus opositores deroguen los CPC amenazó con salir a las calles.
"Vamos a ver a toda la gente que va a ser beneficiada con estos proyectos, tiene que movilizarse e ir a esa Asamblea, cercar esa Asamblea (parlamento), hacer ver que la mayoría de la gente está en contra de esas iniciativas egoístas y antidemocráticas", declaró el diputado sandinista Gustavo Porras.
Organizaciones comunitarias han denunciado que activistas sandinistas intentan socavar sus formas de organización e imponer los CPC, cuyos integrantes pertenecen al partido de gobierno.
Asimismo señalan a estas instancias de ser las encargadas de levantar listas de personas afines al partido sandinista para darles empleo en el Estado o beneficiarse con programas gubernamentales.
Ortega logró introducir la figura de los CPC mediante una reforma a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo aprobada en enero por el parlamento, pero que dejó establecido que estas instancias no pueden usar fondos presupuestados del Estado ni sus miembros pueden ocupar cargos dentro del gobierno.
El secretario del parlamento, el liberal Wilfredo Navarro, consideró que los consejos incluidos en la ley de organización del Estado no tienen relación con los que esta creando el gobierno.
El FSLN los está usando "como una herramienta legal espuria para darle fortaleza a sus consejos partidarios que no son más que un remedo de los CDS (Comité de Defensa Sandinista)" de la década de 1980, señaló Navarro.
Organizaciones civiles reclamaron en un comunicado al parlamento la derogación de estos consejos, tras considerar que la llamada democracia directa "es una manipulación por parte del Gobierno para imponer los CPC, de corte partidario".
"Alertamos a la ciudadanía a no dejarse manipular con falsas promesas que nos dividan y nos conduzcan a un futuro catastrófico, con violaciones a los derechos humanos, las libertades públicas, y el regreso a las dictaduras del pasado", declaró a la prensa la activista del Movimiento Autónomo de Mujeres, Sofía Montenegro.
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