Ricardo Cavallo extraditado a España
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MADRID (AFP) -
Una sentencia del Tribunal Supremo español, hecha pública este miércoles, hará posible que el ex militar argentino Ricardo Cavallo sea juzgado en España por supuestos crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983).
En las 14 páginas de su sentencia, el TC español declaró competente a la Audiencia Nacional --principal instancia judicial española-- para juzgar en este país al ex militar, también reclamado por la justicia argentina para ser juzgado por detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación.
El alto tribunal español rechazó así la cesión de jurisdicción en favor de la justicia de Argentina que había acordado la propia Audiencia.
En la sentencia notificada el miércoles se estiman los recursos interpuestos por el fiscal y las acusaciones contra la decisión de la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 de no juzgar a Cavallo al dar prioridad a la Justicia argentina que le está investigando.
La sentencia, que anula la cesión de jurisdicción, afirma que tal decisión "en realidad venía a disponer materialmente la extradición de un acusado cuyo enjuiciamiento se había acordado ya, con anterioridad, que correspondía a los tribunales españoles".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía para Cavallo entre 13.000 y 17.000 años de cárcel.
El juez español Baltasar Garzón logró en 2003 la extradición del ex militar argentino desde México y posteriormente reclamó que debía ser juzgado en España y no en Argentina, como lo había solicitado su colega de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu.
Por su parte, el juez argentino Sergio Torres solicitó a España, a finales de diciembre pasado, la extradición de Cavallo por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental cometidos durante la dictadura militar en Argentina.
Torres investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de concentración clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron unos 5.000 prisioneros, y en donde estuvo destinado Cavallo.
En febrero, el juez español Andreu pidió permiso a México para acceder a la solicitud de Torres.
En tanto, el gobierno mexicano --que debe dar su consentimiento para la reextradición-- esperaba que el Tribunal Superior español resolviera el recurso presentado en contra de la decisión de Andreu para adoptar una decisión respecto.
Recientemente, en México, el juez Garzón insistió en que "la extradición se le concedió a España en función del principio de justicia universal para que se le juzgara en España".
En una reciente entrevista otorgada al diario mexicano Reforma, Garzón había explicitado que "esa extradición (de Cavallo) se concedió a España, donde se reclamaba, por tanto, creo que es en España en donde se debe de enjuiciar a esta persona".
La sentencia del alto tribunal español fue recibida con satisfacción por parte de las acusaciones de víctimas de la dictadura argentina personadas en la causa, sobre todo por el letrado Manuel Ollé, que ejerce la acusación en nombre de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo y de la Asociación Pro Derechos Humanos en España.
Ollé dijo que su importancia residía en que ratifica la competencia de los tribunales españoles para juzgar el genocidio y otros delitos de persecución universal y, a su juicio, "la decisión del Supremo también debería ser satisfactoria para el propio Cavallo, ya que significa que será juzgado con rapidez, mientras que si hubiera sido entregado a Argentina los procedimientos se encuentran en una fase tan inicial que habría tenido que esperar el juicio durante años".
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