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Intermediarios financieros ilegales operan en Costa Rica Autoridades advierten del riesgo de invertir a través de esas compañíasDenuncias son trasladadas al Ministerio Público para su indagación David Leal C. dleal@nacion.com Autoridades reguladoras identificaron a varias empresas e individuos que ofrecen productos financieros, bursátiles y pensiones en el país y no están registrados como intermediarios. En consecuencia, no se ejerce supervisión alguna sobre esas firmas y sus actividades son consideradas ilegales. Esta situación no es nueva en el país, pero las autoridades pidieron al público estar alertas cuando algún intermediario les propongan altos rendimientos por sus ahorros en poco tiempo. Por lo general, estás compañías tienen oficinas de representación aquí o envían ejecutivos desde los países donde se ubican o contratan a nacionales. Esos ejecutivos contactan inversionistas por distintas vías como Internet, teléfono, anuncios en prensa e incluso los invitan a “almuerzos de negocios”, donde les ofrecen los productos. Una vez que captan los recursos y al estar imposibilitados para cumplir con los términos prometidos, las supuestas firmas con frecuencia desaparecen sin dejar rastro, denunció Juan José Flores, superintendente de Valores. Las autoridades señalaron que invertir en una empresa ilegal pone en riesgo la recuperación de la inversión. Esas empresas estarían violentando la Ley Reguladora del Mercado de Valores , la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y la Ley de Protección al Trabajador, con lo que podrían enfrentar delitos penales. Según la legislación, las superintendencias deben realizar las denuncias ante el Ministerio Público y es este quien indaga a los intermediarios. Bajo la lupa. La Superintendencia General de Valores (Sugeval) identificó luego de denuncias del público, a al menos 13 empresas que dicen operar en o desde Costa Rica, que no están inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Tampoco tienen autorización para ofrecer valores o servicios bursátiles. Entre esas entidades figuran Armtrust S. A., First Republic Group of Funds S. A., First Republic Securities Management & Consultant, Goldmill Wagner Associates e Interdivisas. Esas dos últimas empresas según indican sus páginas de Internet se ubican en el Paseo Colón y en Escazú, respectivamente. Se intentó obtener la posición de representantes de Goldmill Wagner Associates pero no respondieron las llamadas realizadas. Javier Lizarazu, presidente de Interdivisas, aseguró que no captan recursos del público y que lo único que hacen es dar asesoría a inversionistas interesados en invertir en mercados de futuros. Al consultarle el por qué están en la lista de la Sugeval, Lizarazu indicó que es un “error” del regulador. Añadió que solicitó a sus abogados realizar las respectivas diligencias para que la Sugeval corrija ese “error” y analizan la posibilidad de inscribirse. Lizarazu expuso que solo le brindan asesoría a 10 clientes. Las otras entidades que denuncia la Sugeval en un listado que está disponible en Internet, son firmas que en algunos casos son subsidiarias de otras establecidas, principalmente en EE. UU., pero que no están bajo supervisión alguna. Asimismo, otras son conocidas como boiler room , es decir, intermediarios que por lo general operan alquilando oficinas, en distintos países y que aplican agresivas prácticas para colocar su productos entre los inversionistas. Por lo general, los productos que ofrecen son fondos de inversión, bonos y acciones, así como contratos de cambio de monedas y mercados de futuros de productos. Por su parte, la Superintendencia de Pensiones (Supen) alertó que se están ofreciendo planes de jubilación que no se encuentran inscritos ni regulados por esta entidad. La Supen ha recibido unas 10 denuncias de personas sobre ofrecimientos de planes de pensión que no pertenecen a ninguna de los intermediarios supervisados. Las denuncias se presentaron al Ministerio Público para su respectivo proceso judicial, como lo indica la Ley 7523. Este delito tiene un castigo de uno a tres años de cárcel, indicó Javier Cascante, superintendente de pensiones. Sin permiso. Óscar Rodríguez, superintendente de bancos, dijo que es común recibir denuncias de actividades de intermediación financiera no autorizada o del uso indebido de la palabra “banco”. Al tener conocimiento de un posible caso, se toma una declaración del denunciante y se visita la oficina adonde supuestamente están llevando a cabo la intermediación financiera no autorizada o el uso indebido del nombre. Si fuera el último hecho, la Sugef le advierte al responsable que elimine esa palabra y le impone una multa de ¢1.102.520 más ¢22.050 por cada día que continúe infringiendo la Ley .
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