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Sociedad y Servicios Otto Vargas M. ovargas@nacion.com La vida del oficial de seguridad privada Taly José Rivera Torres tuvo un final trágico la madrugada del 22 de agosto del 2005. Este hombre, de 31 años y padre de dos hijos, murió acribillado de seis balazos a manos de una pareja de hampones que lo interceptó en el plantel de pesaje de furgones, en Búfalo de Limón. Los malhechores llegaron a ese sitio en procura de robar armas. Sin embargo, Rivera “regresó” a la vida el 4 de mayo pasado. “Compareció” ante un notario de apellido Solano para firmar un poder en el cual autorizaba a un tercero a solicitar la reposición de las placas de un carro (adujo que estaban deterioradas). El caso de Rivera no es único, pues este año los personeros del Registro Nacional detectaron otros 24 de personas fallecidas que mediante notarios solicitaron placas por extravío o deterioro. Los resucitó. Entre el 13 de febrero y el 21 de mayo, un abogado de apellido Sancho firmó un poder para que terceros retiraran placas por supuesto deterioro. Todos los solicitantes estaban muertos. Se trata de José Elí Arroyo Guerrero, quien murió el 5 de enero de 1999 (tenía 44 años) ; Gabriel Jiménez Marín, falleció el 12 de julio del 2006 (80 años) y Bruce Masís Dibiasi, muerto el 29 de abril de 1993 (75 años). Algo parecido ocurrió con un abogado de apellido Hernández. Ante él comparecieron Roberto Montero Castro y Marco Tulio Quesada Calvo. El primero falleció el 29 de noviembre del 2005; el segundo el 5 de enero del 2002. Entre los notarios denunciados ante la Fiscalía por anomalías con placas figuran siete abogadas de apellidos Hidalgo, Guevara, Oviedo, Sánchez, Díaz, Sandoval, y Lizano. Los varones son de apellidos Soto, Romero, Solano, Saborío, Sancho, González, Badilla, Sanabria, Rojas, Rodríguez, Sandoval, Lizano y Valverde. La Nación tiene copia del listado.
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