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EDITORIALMás agricultura orgánica La ley de apoyo aumenta las oportunidades para los pequeños agricultoresEl gran reto es aplicarla bien y seguir con la apertura de mercados Con las firmas del presidente Óscar Arias y el ministro de la Producción, Marcos Vargas, al fin fue oficialmente proclamada, el pasado martes, la ley de agricultura orgánica. Se trata de un documento de indudable importancia, destinado a estimular una actividad que, además de conducir a la producción de alimentos más sanos, es realizada, preferentemente, por pequeños agricultores, y tiene enorme potencial de mercado, tanto dentro como, sobre todo, fuera de nuestro país. Según datos aportados por dirigentes de los agricultores orgánicos, en estos momentos la demanda para sus productos en Costa Rica es aproximadamente de un millón de dólares anuales. Al exterior se vende cinco veces más, y los mercados principales son Europa, Japón y Estados Unidos. En relación con el volumen general de nuestra economía y de nuestras exportaciones, son cantidades modestas. Sin embargo, representan ingresos fundamentales para varias familias y, además, por los cambios en las preferencias de los consumidores, sobre todo en los países desarrollados, a favor del consumo orgánico, la posibilidad de un gran crecimiento en nuestras ventas al exterior es muy promisoria. Por esto, en la medida en que mejoremos nuestras posibilidades de producción nacional y de penetración en esos mercados, es muy probable que, en los próximos años, veamos crecer los volúmenes e ingresos de forma exponencial, lo cual dará aún más oportunidades a nuestros pequeños agricultores. Entre los beneficios que otorga la ley, aprobada unánimemente en la Asamblea Legislativa, están los siguientes: exoneración por diez años del pago del impuesto sobre la renta, exoneración en impuestos de aduana para la importación de insumos y equipos, y mejor acceso a créditos preferenciales. Dadas las malas experiencias y los abusos que, en otras oportunidades, han existido cuando se concede este tipo de preferencias, corresponderá ahora a las autoridades –además de a los propios productores– velar por su adecuada aplicación. Entre los cuidados estará evitar que la producción no orgánica pueda pasar por orgánica, que las exoneraciones de aranceles estén exclusivamente dirigidas a los insumos y equipos destinados a la actividad, y que los créditos se otorguen a proyectos realmente viables. Todo esto no solo es importante por el costo que asumirá el Estado y, con él, el conjunto de quienes pagan impuestos, sino por la necesidad de que los incentivos sean un impulso para una producción eficaz, rentable y sostenible, que, en algún momento, no dependa de ellos para mantenerse y crecer. Será esencial, además, la ayuda técnica. Hasta ahora, además de ser fuente de ingreso para pequeños agricultores, el mayor beneficio de la agricultura orgánica es que sus productos son más sanos y no contaminan el ambiente. Sin embargo, su rendimiento por área sembrada es mucho menor que la agricultura que sí utiliza agroquímicos (ojalá de forma controlada y responsable); por esto, en general, los productos de esta son más baratos. En este sentido, uno de los mayores desafíos a mediano y largo plazo que tendrán los agricultores orgánicos será incrementar su productividad, de modo que haya menor presión sobre nuestra frontera agrícola y sobre nuestros suelos, y que, además, mejoren sus ingresos y se abaraten los precios para los consumidores. Así habrá un verdadero “círculo virtuoso”, con beneficios múltiples. Por todo esto, la ley no es, en sí misma, una panacea. Es apenas un instrumento que, bien aplicado, rendirá importantes beneficios tanto a los interesados directos (los productores) como a los consumidores y, en general, al país. Estos podrán incrementarse aún más de la mano de la apertura comercial y el ingreso libre a mercados externos. El reto, pues, sigue abierto. Pero las posibilidades de superarlo con éxito y ampliar las oportunidades son, ahora, mucho mayores.
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