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Foto Principal: 1659341
La madre de una de las enfermeras durante una protesta realizada frente a la embajada de Libia en Sofía.
EFE
Enfrentan pena de muerte en Libia

Gestiones para salvar a enfermeras condenadas

Posible solución política, el lunes, cuando organismo examine caso
Acusados porque 438 niños resultaron infectaron de sida en centro pediátrico


Túnez. EFE. El caso de las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino condenados a muerte en Libia podría hallar una solución política el lunes, estimaron ayer fuentes diplomáticas occidentales en Trípoli contactadas telefónicamente.

El Alto Consejo de Justicia (ACJ), un organismo político, se reunirá el lunes para examinar la decisión tomada el miércoles pasado por el Tribunal Supremo en el sentido de ratificar las condenadas a muerte dadas en dos ocasiones contra los cooperantes sanitarios, la primera en el 2004 y la segunda dos años más tarde.

Diversos síntomas apuntan a la posibilidad de que este caso se resuelva de una manera que permita la liberación de las enfermeras y el médico, empezando por la declaración hecha el jueves pasado por el departamento de relaciones exteriores del Congreso General del Pueblo Libio (CGP).

El organismo, cuyas atribuciones son la de un ministerio de Exteriores, indicó que las leyes libias expresan que las condenas ratificadas por el Tribunal Supremo no pueden ser ejecutadas sin acuerdo del Alto Consejo de Justicia.

El ACJ puede aprobar el veredicto, cancelarlo o modificarlo en razón de una serie de factores, entre ellos la declaración hecha por la Fundación humanitaria Al Gadafi favorable a una solución, una vez obtenido el consentimiento de las familias de los niños infectados con el virus del sida.

Los familiares de los 438 niños contaminados en el centro pediátrico de Bengasi, donde trabajaban los cooperantes, han reclamado insistentemente una compensación financiera, lo que les llevaría a renunciar a que se apliquen las condenas a muerte.

En términos de la jurisprudencia islámica aplicada en Libia se trata de la llamada “deuda de sangre”, cuyo pago extingue las demandas iniciales de la acusación.

Con la mediación de la fundación que dirige Seif al Islam, uno de los hijos de Muamar al Gadafi, las familias han negociado con el fondo internacional creado por la Unión Europea para asistir a Libia en la lucha contra el virus.

Las enfermeras y el médico reiteraron durante los procesos su inocencia del delito del que se les acusa y varios expertos médicos internacionales les apoyaron.

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