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Por: Ana Lupita Mora Política Presidente Tribunal Supremo de Elecciones El presidente a. í. del TSE reconoció que ese organismo afronta serias carencias y dificultades legales para sancionar como corresponde a quienes irrespetan reglamentos y leyes sobre los procesos electorales en Costa Rica. Edad: 45 años Profesión: Abogado Experiencia: Procurador y profesor ¿Es cierto que el TSE carece de una dependencia con personal capacitado para rastrear irregularidades? Eso es totalmente cierto. ¿Por qué no han hecho nada con los antecedentes de campañas anteriores? Porque las facultades que nos da la Ley son absolutamente insuficientes. En el proyecto que enviamos a los diputados de reformas al Código Electoral proponemos dar al Tribunal potestades de control y de investigación, como por ejemplo que nos autoricen a hacer auditorías sobre las finanzas de los partidos políticos, con la posibilidad sancionar y de que haya sanciones penales mayores, más eficaces y mejor previstas. ¿Qué tipo de controles se han establecido para este referendo? Lo único que podemos (hacer) es controlar la campaña mediática a través de los medios de comunicación, tal y como lo define la Ley de referendo, en la que una persona física o jurídica puede aportar para publicidad hasta ¢4.212.000. ¿Y el resto, por ejemplo el control de recursos para otro tipo de difusión o los gastos de la campaña en general? No podemos, la captación de recursos no está prohibida y no existe límite. ¿En Costa Rica se cometen muchos delitos electorales? En general, los procesos electorales en Costa Rica se realizan con un nivel de nitidez y de respeto a la normativa que es excepcional en América Latina, es decir, la delincuencia electoral tiene un nivel muy inferior al de otros países. Las transgresiones se dan en materia de financiamiento. Eso se sabe, pero no hacen nada al respecto; a estas elecciones vamos con el mismo Código Electoral, sin reformar. Sí, nosotros desde el 2002 estamos tratando de que se aprueben las reformas. De hecho, hay una serie de cosas que se han planteado; lo que existe está redactado con una mala técnica legislativa, porque en la práctica hay una serie de conductas que no se han podido castigar. ¿Qué ha pasado con los casos que ustedes han elevado a la Sala III del Poder Judicial? En el 2002 la Sala nos devolvió algunos casos. En esto lo que yo veo es que los tipos penales existentes se quedan muy cortos para que las sanciones sean eficaces. Entonces, ¿qué puede sancionar el TSE? En primer lugar aclaro que, de acuerdo con el artículo 154 del Código Electoral, los delitos electorales son de conocimiento y resolución de los tribunales. “Sin embargo, en los ilícitos por beligerancia o parcialidad política la Constitución nos permite juzgarlos. Desde que yo estoy aquí (1999) hemos destituido e inhabilitado para ejercer y ocupar cargos públicos a cuatro funcionarios, entre ellos tres altos cargos. ¿Podríamos afirmar que los casos que elevan al Poder Judicial no prosperan? Nosotros cuando creemos que se trata de una comisión delictiva la elevamos al Ministerio Público y hemos elevado un montón de casos, pero una vez ahí nosotros nos desentendemos porque queda en manos del Poder Judicial. ¿El Poder Judicial no les informa de qué pasa con esos casos? No tengo noticia de ningún caso. Nosotros tenemos una recopilación de denuncias que se presentaron en las elecciones de febrero del 2006, que están en “La justicia electoral puesta a prueba”; todo eso lo mandamos al Ministerio Público y no tengo noticias de qué ha pasado. ¿A qué sanción se expone, por ejemplo, un medio de comunicación si incumple el decreto que ustedes emitieron? Nosotros le haríamos una advertencia al director del medio de que están incumpliendo y, si no acata la advertencia, lo elevaríamos al Ministerio Público. ¿Entonces, en la realidad no hay sanciones? La única potestad sancionatoria que tenemos la aplicamos draconianamente, como cuando destituimos al gerente médico de la Caja porque fue a la fiesta del abrazo de Abel Pacheco y él tenía prohibición de participar en política. Pero es claro que toda la disciplina penal es deficiente.
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