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Sociedad y Servicios En dos meses debe estar listo plan para botar edificios en sitios prohibidos Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com Casas y comercios que invaden la zona pública de las playas, edificios construidos sin permiso municipal y un deficiente cobro de los impuestos: ese es el panorama para quienes tienen propiedades en la zona marítimo-terrestre de Osa, en el Pacífico sur. Un reciente informe de la Contraloría General de la República encontró “deficiencias en la planificación, administración, vigilancia y protección” de los 32 kilómetros cuadrados que conforman esa zona costera, a cargo de la Municipalidad de Osa. La zona marítimo-terrestre está conformada por los 200 metros tierra adentro que se extienden desde el fin de la creciente del mar. Dicha zona está dividida en dos: los 50 metros inalienables de playa y los restantes 150 metros que se pueden dar en concesión. Según indica el órgano contralor, de esos 32 kilómetros cuadrados en Osa, apenas 5 kilómetros (el 16%) cuentan con planes reguladores o de ordenamiento territorial. Además, la mayoría de esos planes fueron propuestos y financiados por particulares “con intereses en esas zonas” y aprobados por la municipalidad “sin validar su conveniencia”. En los restantes 27 kilómetros cuadrados sin regulación, la Contraloría encontró casas y edificios que requerían de un plan regulador y una concesión para instalarse. El informe DFOE-SM-16-2007 cuestionó el deficiente sistema de información de la Municipalidad, la cual no lleva un registro preciso de la cantidad de concesiones otorgadas en playas como Dominical, Ballena, San Martín, Punta Achiote y Boca Coronado. Esa falta de registros hace deficiente el cobro del canon por aprovechamiento de la zona costera. Lo que viene. La Contraloría conminó al ayuntamiento a aplicar en los próximos dos meses un plan para demoler todas las edificaciones que invaden la zona pública. Además, en seis meses debe estar listo un reglamento que regule los procedimientos que deben seguir para aprobar planes reguladores y otorgar concesiones. Alberto Cole, alcalde municipal dijo que veía “con beneplácito” el informe de la Contraloría, pues define los pasos que debe seguir el ayuntamiento para poner en orden la zona costera. Opinó que el municipio no lleva registro de las concesiones, porque en años pasados la municipalidad “se manejó como una pulpería”. Cole se comprometió a cumplir con las exigencias de la Contraloría, aunque dijo que la falta de recursos limita la gestión.
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