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Banderazo de esperanza Un referendo con juego limpio, sin manipulaciones ni descalificaciones ni tremendismosGrave responsabilidad sobre los políticos de viejo y nuevo cuño que han alimentado las posiciones extremas El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió anteayer el decreto de convocatoria del referendo sobre el TLC. La votación se llevará a cabo el 7 de octubre próximo. Dispuso, además, que, si vota, al menos, el 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, el resultado será vinculante, esto es, de acatamiento obligatorio, sea a favor o en contra del TLC. Si no se alcanzase el 40%, la decisión corresponderá a la Asamblea Legislativa, que aceptó, el jueves pasado, la “vía rápida” para aprobar los proyectos de ley, incluidos los tratados internacionales. Tal como lo expresamos, al aprobarse la realización del referendo, esta consulta popular fortalecerá nuestro sistema democrático, pese a que hubo que desembocar en ella por el entorpecimiento de la tramitación legislativa. Planteadas así las cosas, en el marco de la ley y de la institucionalidad democrática, lo que importa es el desarrollo y culminación del referendo, tal como lo expresó anteayer el presidente a. í. del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, “con prudencia y sensatez, con apego a las reglas mínimas de conducta política”. Oportunas fueron, asimismo, sus palabras sobre el deber de evitar la desinformación, las descalificaciones de la institucionalidad electoral, los llamamientos a no votar o el uso indebido de los recursos públicos. Los dirigentes políticos y de ambas tendencias sobre el TLC, así como los funcionarios, las autoridades de las instituciones públicas, incluidas las universidades estatales, y los dirigentes religiosos, deben dar pruebas inequívocas de respeto a las normas directrices de este proceso y a las propias, que guían sus relaciones con la comunidad. Insistimos en estos aspectos pues, en estos meses, se ha incurrido en lamentables abusos, denunciados por estudiantes, particularmente en cuanto a la Universidad de Costa Rica, financiada con recursos públicos, y por feligreses, en cuanto a la actitud de un grupo minoritario de sacerdotes, que utilizan los actos religiosos y los templos para manipular a los electores, en abierto desafío de las directrices de la Conferencia Episcopal y de la propia Iglesia Católica. En esta confluencia de intereses de todo orden, hacemos hincapié en el peligro de confundir lo religioso y lo político. A la religión, bien entendida, le es inherente la metapolítica, esto es, la defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores éticos, en consonancia con el concepto absoluto, central e inspirador de la dignidad humana. Debe iluminar la política, no hacer política. Decimos lo anterior por el propio prestigio y credibilidad de dirigentes e instituciones. El mal ejemplo de unos pocos y, en mayor medida, de sus autoridades dañan moralmente a toda la sociedad. Dígase lo mismo de los dirigentes políticos que, como lo hemos señalado reiteradamente, han adoptado la deplorable estrategia de descalificar, en los últimos dos años, las instituciones democráticas o a los elegidos, tras un proceso limpio y legal. El epílogo, por ahora teórico, de sus aberraciones quedó documentado en el manifiesto subversivo de la Comisión Nacional de Enlace contra el NO. Por razones evidentes, hemos estado prontos en La Nación en denunciar y hacer conciencia a tiempo. La indiferencia o el silencio acarrean consecuencias en extremo peligrosas. Huelga decir que, en estos tres meses, ejerceremos el derecho a informar, en atención al derecho ciudadano a ser informados, con independencia y apego a las mejores prácticas periodísticas y a la ética profesional, y sin injerencia o control de los poderes públicos. Este referendo, como se ha dicho, trasciende el TLC. No se trata de la defensa de la soberanía nacional, que en modo alguno está en peligro, sino del fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del repudio de la estrategia del inmovilismo, del miedo y la mentira. Nuestro país tiene derecho a avanzar.
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