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Oposición a ley antiterrorista San Salvador. AFP y EFE. Dirigentes políticos y de organismos humanitarios de El Salvador temen que la aplicación de una ley antiterrorista, que ya encarceló a 13 activistas de organizaciones sociales por protestar contra la supuesta privatización del agua, termine con los espacios democráticos abiertos tras el fin de la guerra civil en 1992. El debate sobre la polémica ley antiterrorista cobró fuerza esta semana, después de que un juez de casos especiales envió a prisión preventiva a 13 activistas de la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes), incluida la periodista María Haideé Chicas, que participaron en una protesta el 2 de julio en Suchitoto, 44 km noreste de la capital. “El país está en un estado de sitio (sin garantías legales), porque la ley antiterrorista quita las libertades y si dos personas se reúnen para organizar una protesta pueden ser acusados de actos de terrorismo”, declaró el diputado de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Salvador Arias. Según Arias, los espacios democráticos de “libre expresión” establecidos con los acuerdos de paz que finalizaron 12 años de guerra civil en 1992 “están en peligro”, por lo que pidió a la comunidad internacional estar atenta a lo que pasa en el país. La protesta del 2 de julio ocurrió en diferentes tramos de la carretera a Suchitoto y en el centro de esa ciudad, en el marco de una visita que hizo el presidente Elías Antonio Saca para lanzar el plan de política nacional de descentralización del agua potable, considerada como una privatización encubierta por organizaciones populares. Saca defendió ayer la vigencia de la ley contra actos de terrorismo, pero consideró importante diferenciarla de los actos vandálicos que se pueden dar en las protestas, como la de Suchitoto. “Vamos a esperar qué resuelve el tribunal que tiene el caso de los señalados en Suchitoto, pero (debo) decir que yo sí creo que debe existir una legislación (contra actos de terrorismo)”, señaló. Los capturados enfrentan un juicio acusados por “actos de terrorismo” que se lleva en un tribunal especial que revisa casos relativos al crimen organizado. La detención de Chicas fue denunciada por Reporteros sin Fronteras.
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