Videla y Massera, represores argentinos
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BUENOS AIRES (AFP) -
El fallo de la Corte Suprema que el viernes abrió el camino a la anulación de indultos a los jefes de la dictadura argentina, es un hito en derechos humanos largamente promovido por el gobierno de Néstor Kirchner, quien hizo de este tema uno de los pilares de su gestión.
La anulación del perdón presidencial al ex general Santiago Riveros, acusado por crímenes de lesa humanidad, despejó el camino para hacer lo mismo con los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, entre otros, indultados en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem tras ser condenados a perpetuidad.
El nuevo escenario calza a la perfección con la voluntad oficial de que se investiguen y juzguen los crímenes de la dictadura (1976-1983), que goza del apoyo de las organizaciones de derechos humanos y, según los sondeos, de alto consenso popular.
Decenas de miles de personas fueron secuestradas y torturadas entre 1976 y 1983, y parte de ellas (30.000, según grupos humanitarios, 15.000, según una investigación oficial) fueron ejecutadas en forma clandestina y figuran como desaparecidos, junto con unos 500 niños nacidos en cautiverio.
Menem dispuso los indultos en 1989 y 1990 en nombre de la pacificación del país para clausurar las investigaciones y procesos que alarmaban a muchos militares.
El ex mandatario procedió de esa forma pese a que según una encuesta de entonces del centro de estudios Unión para la Nueva Mayoría, siete de cada diez argentinos se oponía a un perdón a los ex comandantes militares.
Los indultos beneficiaron a 1200 personas entre represores ilegales, líderes guerrilleros y algunos acusados de delitos comunes. También alcanzaron a militares que en los años '80 se habían alzado contra el gobierno del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989).
Ni los ex presidentes Fernando de la Rúa (1999-2001) ni Eduardo Duhalde (2002-2003) modificaron esa situación procesal y dejaron vigentes los indultos.
Kirchner, en cambio, marcó otro rumbo desde el comienzo de su gestión, tanto con gestos como con decisiones políticas.
A poco de asumir, el actual presidente ordenó retirar del Colegio Militar el retrato del ex dictador Videla, exhibido allí junto a los de otros ex jefes del Ejército.
Al mismo tiempo, lanzó una enérgica ofensiva para cambiar la composición de la Corte Suprema de Justicia, dominada por magistrados que en la década anterior habían avalado sistemáticamente las decisiones de Menem.
Kirchner logró suprimir además las leyes exculpatorias de militares acusados de violar los Derechos Humanos, denominadas de "Punto Final" y "Obediencia Debida", las que fueron derogadas primero por el Congreso y en 2006 declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.
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