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La lucha es de todos y ahora No hay una sola familia que no sufra la tragedia de las drogasFernando Berrocal Soto Ministro de Gobernación y s. p. Hace unas semanas, en un Consejo de Gobierno, Kevin Casas lo resumió así: el consumo de drogas y de crack , en el país, es una auténtica pandemia. Posteriormente, pregunté a la doctora Giselle Amador, del IAFA, cuántas personas tenían en Costa Rica problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Su respuesta fue que en el orden de las 400.000. Esto quiere decir, si se multiplica ese número por 10 personas que constituyen el núcleo familiar, que no hay una sola familia sin un tío, un primo, un hijo o un padre que no esté viviendo la tragedia del consumo de drogas. De esa magnitud y complejidad es el problema de las drogas y la dimensión de la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica. Si no lo entendemos así, no estamos en nada. Absolutamente en nada. La Policía tiene que hacer lo propio y lo está haciendo. Con las últimas lanchas capturadas, llegamos a las 50 toneladas de droga incautada. A los narcotraficantes se les ha confiscado, también, millonarias sumas de dólares, armas, viviendas y medios de transporte. La PCD y el OIJ han declarado la guerra a estos delincuen- tes, y las capturas no tienen precedentes en la historia de Costa Rica, tanto que la columna vertebral de un poderoso cartel colombiano ha sido extirpada y sus sicarios, expulsados del país. Se protege, además, con el apoyo de toda la Fuerza Pública, las escuelas y colegios en todo el territorio nacional. Pero esa batalla, por importante y heroica que sea, no es suficiente. El problema no es solo de la Policía. La verdad que enfrentamos. La tragedia de las drogas no es solo de los barrios marginales ni del 19% de nuestra población que todavía vive en la pobreza o algo que tenga que ver, nada más, con la enorme ola migratoria de los últimos tiempos. La crisis escaló, en los últimos años, por toda la estructura familiar de nuestra sociedad, a todos los niveles, con consecuencias graves en el orden de la salud pública y la desintegración familiar y no solo en el aumento de la violencia o de los índices de criminalidad. Esa es la verdad que, como país, debemos enfrentar. El problema es de todos. Para comenzar, se trata de un problema de salud pública. El adicto es un enfermo. El sistema de salud pública, es decir la CCSS, tiene que intervenir y abrir sus EBAIS, clínicas y hospitales, al tratamiento profesional de las personas que consumen drogas y presentan cuadros de adicción. Sin una efectiva alianza estratégica entre el IAFA y la CCSS, vamos a perder, como país, la batalla de la recuperación posible de los enfermos y los vamos a condenar a deambular por las calles y parques de nuestras ciudades y pueblos, robando y delinquiendo para obtener dinero y consumir, en un círculo sin solución policial. Para esos enfermos la cárcel no es la solución. La solución es la recuperación posible y su reintegración a la sociedad, con el apoyo de sus familias. Un primer paso es la clínica de rehabilitación en que está empeñada Laura Chinchilla. También, la batalla tiene que darse en escuelas y colegios. No es solo un problema del MEP y de los directores y los profesores. Los padres de familia y los estudiantes tienen que involucrarse activamente en un esfuerzo diario que va más allá de los programas de capacitación y prevención del DARE, Pinta Seguro y otros esfuerzos encomiables. Hay que organizarse y ser proactivo dentro de los centros educativos. Los programas de prevención al interior de las propias familias y en las escuelas y colegios, el activismo cotidiano de educadores, padres y alumnos, es esencial y debe ser de todos. No basta el trabajo de la policía en las afueras de las escuelas y colegios. La batalla debe ser en el aula misma. Jueces y legisladores. Si los jueces y el Poder Judicial siguen sin entender la magnitud de esta lucha nacional, vamos a perder esta batalla. En el último mes han soltado irresponsablemente a 16 narcotraficantes, casi todos ellos extranjeros y sin residencia verificable en el país. El dilema es claro: o los jueces se comprometen o perdemos la batalla contra el narcotráfico y sus graves secuelas en Costa Rica. Esa es la verdad. También hay una dimensión legislativa. Necesitamos el apoyo patriótico de todos los partidos políticos para aprobar, con carácter de urgencia tres leyes indispensables: laLey de Migración , laLey de Lucha contra el Crimen Organizado y laLey de Reformas al Instituto de Control de Drogas . Esas leyes introducen reformas de fondo y le otorgan al Ministerio Público y a la Policía, instrumentos correctos y modernos para ganarle la batalla al narcotráfico y a la delincuencia organizada. El marco legal actual es obsoleto. Solo con una visión integral, asumiendo este esfuerzo como una responsabilidad de todos y no solo del Estado, vamos a ganar esta batalla que es de Costa Rica. El otro escenario, si no actuamos con firmeza, es la colombianización del país, porque la geografía de la tierra y los mares es como es y nuestro país, lo queramos o no, es el primer eslabón del largo corredor de Centroamérica: una ruta de tránsito para el 90% de la droga que va del sur al norte de nuestro hemisferio. Si no entendemos esta verdad, impuesta por la realidad de nuestras fronteras territoriales y marítimas, tampoco estamos en nada. El tiempo de actuar es ahora. No es para cuando se despejen los nublados del día. Es ahora mismo.
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