El mandatario de El Salvador, Elías Antonio Saca
(AFP)
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SAN SALVADOR (AFP) -
Dirigentes políticos y de organismos humanitarios de El Salvador temen que la aplicación de una ley antiterrorista, que ya encarceló a 13 activistas de organizaciones sociales por protestar contra la supuesta privatización del agua, termine con los espacios democráticos abiertos tras el fin de la guerra civil en 1992.
El debate sobre la polémica ley antiterrorista cobró fuerza esta semana, después de que un juez de casos especiales envió a prisión preventiva a 13 activistas de la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes), que participaron en una manifestación el 2 de julio en Suchitoto, 44 km al noreste de la capital.
"El país está en un estado de sitio (sin garantías legales), porque la ley antiterrorista quita las libertades y si dos personas se reúnen para organizar una protesta pueden ser acusados de actos de terrorismo", declaró a la AFP el diputado de la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Salvador Arias.
Según Arias, los espacios democráticos de "libre expresión" establecidos con los acuerdos de paz que finalizaron doce años de guerra civil en 1992 "están en peligro", por lo que alertó a la comunidad internacional a estar atentos con lo que pasa en este país centroamericano.
La protesta del pasado 2 de julio ocurrió en diferentes tramos de la carretera a Suchitoto y en el centro de esa ciudad, en el marco de una visita que hizo el presidente Elías Antonio Saca para lanzar el plan de política nacional de descentralización del agua potable, considerada como una privatización encubierta por organizaciones populares.
Entre los detenidos figura la periodista de Cripdes, María Haydee Chicas, quien fue arrestada cuando registraba en video los acontecimientos.
"Con la detención de la colega mientras filmaba la detención de los dirigentes de Cripdes se violentó la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo", consignó en un comunicado la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Para la APES, la detención de Chicas y el resto de manifestantes "sienta un nefasto precedente contra la libertad de expresión y el periodismo salvadoreño".
La abogada defensora de los 13 detenidos, Karla Alvanés, demandó a la Cámara Especializada contra el Crimen Organizado que "rectifique" lo que consideró una interpretación "errónea" de la ley.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), por medio del coordinador de asuntos penales, Ricardo Montoya, destacó que desde que la ley antiterrorista fue redactada en 2006, se advirtieron violaciones de "la libre expresión y el derecho a la organización".
"Nosotros hemos interpuesto un recurso para que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional esa nefasta ley antiterrorista", comentó Montoya.
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